"Avergüenza ver cómo algunos miembros del Poder Judicial se vuelven a arrodillar ante Magnetto".
Lo afirmó el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, en relación a la nueva medida cautelar que favorece al Grupo Clarín con la interrupción de la adecuación de oficio a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Le hacen favores a una corporación económica que demostró una y otra vez no querer cumplir las leyes de la Democracia”, señaló Sabbatella. En ese sentido, sostuvo que “queda probado una vez más que una parte de la corporación judicial está aliada y al servicio de grandes empresarios para favorecer la concentración y consagrar privilegios que la ley prohíbe; esa parte del Poder Judicial trabaja para garantizarle a Magnetto que pueda violar la ley de medios”, opinó.Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez Pablo
Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal N° 9, dispuso la suspensión de la resolución 1121/14 de Afsca,
en virtud de la cual se había ordenado la transferencia de oficio del
Grupo Clarín.
Fue en el marco de una causa iniciada por
los periodistas Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge
Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá,
Magdalena Ruíz Guiñazú y Eduardo van der Kooy, todos vinculados al grupo
laboralmente añ grupo Clarín.
“El argumento mentiroso que avala
el juez es que la adecuación de oficio podría vulnerar la libertad de
expresión y significar una censura indirecta contra esos periodistas, lo
cual está demostrado que es absolutamente falso; ya no dicho por
quienes trabajamos junto a la Presidenta por la aplicación de esa ley,
sino por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicó
Sabbatella.
Además, recordó los fundamentos del fallo del máximo
tribunal que convalidó la constitucionalidad de toda la ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual.
“Volver hacia atrás en lo ya
analizado y resuelto por la Justicia en su máxima instancia es de una
enorme gravedad institucional y persigue el único objetivo de quitarle
al Estado las herramientas legales con las que cuenta para garantizar la
pluralidad, la libertad, la diversidad y el trabajo de miles de
periodistas, técnicos y profesionales de la comunicación en todo el
país”, señaló el funcionario nacional.
Y agregó: “El único riesgo
contra la libertad de expresión es la concentración empresaria; por eso
nuestra ley es un ejemplo en el mundo en la lucha por garantizar que
surjan más y más voces”.