Piden llamar a indagatoria a Magnetto, Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa.
El pedido a indagatoria al CEO, a la dueña de Clarín, al propietario del diario La Nación y a Raymundo Juan Pío Podestá, entre otros, fue hecho por el titular de la Fiscalía Federal 5, Leonel Gómez Barbella en el marco de la apropiación de Papel Prensa en la dictadura. El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, pidió la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, además de Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz, en el marco de la causa en la que se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal 10, a cargo del juez Julián Ercolini,
los directivos "resultan ser los responsables de las maniobras que se
encuentran en investigación".
En las consideraciones de su
decisión, el fiscal argumentó que "Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y
Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en
las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era
ilegítimo".
El pedido se fundamenta en que el artículo 168 del
Código Penal, reprime a quien “con intimidación o simulando autoridad
pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar,
depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o
documentos que produzcan efectos jurídicos”.
"Es decir, surge del
artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede
encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión",
resumió.
Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista
David Graiver, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, y
tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su
esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.
Tanto
Papaleo como Ianover fueron secuestrados por agentes de la dictadura y
denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la
titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y
por los tres diarios, promovida por el presidente de facto Jorge Rafael
Videla.
Tras hacer una reseña histórica sobre la creación de la
empresa y su posterior apropiación, el fiscal les imputa a Magnetto,
Herrera de Noble, Mitre, Podestá y Gainza Paz "el haber obligado
mediante intimidación al grupo Graiver y sus allegados, a suscribir tres
convenios cuyos objetos fueron la transferencia del capital social de
la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación,
Arte Gráfico Argentino (AGEA) y La Razón Editorial Emisora Financiera,
Industrial, Comercial y Agropecuaria".
Y "todo ello en un marco
de persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por
la primera junta durante la última dictadura".
Para el fiscal,
Magnetto y Mitre "participaron en el desapoderamiento extorsivo por
haber sido adquirentes, mientras que Podestá, en su carácter de
secretario de la junta de dictadores, lo hizo dentro del plan
persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios".
"La
contribución de los imputados al desapoderamiento de las acciones de la
empresa Papel Prensa S.A. fue realizada con pleno conocimiento del
riesgo de vida que corrían sus legítimos dueños y representantes al
haber sido señalados por la junta de dictadores como enemigos del país,
calificación propiciatoria de persecución que los representantes de los
diarios difundieron a través de los medios de comunicación masivos bajo
su dirección, antes y después de la transferencia ilícita", detalló el
fiscal en su pedido.
En tanto, según el fiscal, Herrera de Noble y
Gainza Paz "fueron partícipes de la maniobra: la primera, al haber
otorgado un mandato a Bernardo Sofovich sin el cual no habría podido
instrumentar la operación y el segundo, al haber acercado a los
co-autores de la extorsión con sus víctimas".
En ese sentido,
precisó que "Lidia Papaleo fue intimidada por el imputado Magnetto que
'firmara para conservar la vida de su hija y la suya también' y así
suscribió muchos papeles", y Rafael Ianover firmó los documentos por 'el
temor y el terror que vivía en ese tiempo' a ser secuestrado, por lo
que no conoció el contenido de los convenios, el importe, ni las
condiciones de la transferencia, como así tampoco, recibió copia del
convenio, ni se animó a solicitarla".
En la valoración
probatoria, Gómez Barbella sostuvo que "resulta difícil explicar que los
supuestos vendedores aceptasen todas estas condiciones si no fuese por
la coerción y apremio que denunciaran. De otro modo, no se comprende que
una mujer que acababa de enviudar pudiera desprenderse de bienes que
integraban el patrimonio de su única hija".
La investigación por
la apropiación ilegal de Papel Prensa se inició en 2010 en el Juzgado
Federal 3 de la Plata luego de que la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner encomendara a la Secretaría de Derechos Humanos que se
constituyera como parte querellante, días después de que presentara el
Informe Papel Prensa elaborado por la Secretaría de Comercio.
El
expediente tiene como imputados a Magnetto, Herrera de Noble, Mitre,
Marcos Peralta Ramos y a los hermanos Patricio y Hugo Peralta Ramos, de
La Razón, ambos fallecidos después de abrirse la causa.
En el
expediente, caratulado "Papel Prensa sobre presuntas irregularidades en
su constitución, administración y transferencia de acciones" también
están imputados el ex secretario de Estado Raymundo Juan Pío Podestá,
Marcos Peralta Ramos, y el ex secretario de redacción de Clarín,
Reinaldo Bandini, y Bernardo Sofovich apoderado de Herrera de Noble.
De
los imputados, tres emblemas de la dictadura cívico militar que usurpó
el poder el 24 de marzo de 1976 también fallecieron antes de responder a
la justicia: Jorge Rafael Videla, el ex ministro de Economía José
Alfredo Martínez de Hoz y Emilio Eduardo Massera.
Antes de
remitirla al fuero federal, los fiscales de la Unidad Fiscal Federal de
La Plata que investigan las causas por crimenes de la dictadura, Hernán
Schapiro y Marcelo Molina, advirtieron que se trataba de delitos de
lesa humanidad y que la transferencia se había hecho entre "presiones,
amenazas y maniobras extorsivas contra los integrantes del Grupo
Graiver".