La Cámara Federal aceptó tratar la indagatoria a Magnetto, Noble y Mitre.
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler hicieron lugar a la
queja del fiscal para analizar la apelación y decidir si ordenan las
indagatorias de los acusados, en tanto que Eduardo Farah se opuso.
Freiler
y Ballestero indicaron que "de acuerdo con la jurisprudencia
parcialmente concurrente de esta Cámara, la crítica formulada por el
Fiscal y la querella reúne los presupuestos -gravamen de imposible
reparación ulterior y arbitrariedad del decisorio- pertinentes para
cimentar la procedencia del recurso de apelación".
El fiscal
federal Leonel Gómez Barbella había presentado el 30 de marzo último un
recurso de queja ante la Cámara Federal porteña contra el rechazo a
citar a declaración indagatoria a los directivos de los diarios Clarín y
La Nación.
La fiscalía advirtió en aquella oportunidad que se
"impide de hecho perseguir y juzgar posibles crímenes contra la
humanidad" y que en la causa "se encuentra comprometida la
responsabilidad del Estado por un posible incumplimiento de sus
obligaciones internacionales en la materia".
Gomez Barbella advirtió que "el expediente se podría transformar en instrumento de impunidad".
En
este contexto, Freiler y Ballestero sostuvieron en el escrito que "toda
vez que la denegatoria de los recursos de apelación -debidamente
fundados- dejan al Ministerio Público y a la querella sin herramientas"
para impulsar la revisión de la decisión "entendemos que corresponde, en
consonancia con los precedentes citados, hacer lugar a las quejas
introducidas y declarar mal denegados los recursos de apelación".
El
fiscal Gómez Barbella fue en queja a la Cámara luego que el 20 de marzo
pasado el juez de la causa, Julián Ercolini, rechazara por
"improcedente" la apelación presentada contra su negativa a citar a
declaración indagatoria a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto,
Bartolomé Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz.
Podestá era Secretario de Estado en 1976 y Gainza Paz está imputado como supuesto "intermediario".
Para
la fiscalía, la causa tiene "indudablemente interés institucional
suficiente" para justificar la intervención de la Cámara, aunque por
regla general esa instancia de apelación no se abre por negativas a
citaciones indagatorias en el marco de una causa penal.
En este
caso, "la resolución impugnada resulta equiparabale a sentencia
definitiva por sus efectos y por el gravamen que ocasiona", señaló el
fiscal.
La causa penal se abrió en el 2010 por denuncia del juzgado
nacional en lo Comercial 2, que extrajo testimonios y se acumuló a otro
expediente abierto en La Plata por la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación.
El fiscal pidió llamar a indagatoria a los imputados
por el delito de "extorsión" en el marco de un delito de lesa humanidad
por persecución por motivos políticos y religiosos.
Ercolini
rechazó el planteo aduciendo que en la causa hay medidas probatorias aún
no concluidas como un peritaje contable para establecer si las acciones
de Papel Prensa se traspasaron a un "precio vil" por parte de la
familia Graiver a las empresas de los imputados.
La fiscalía
sostuvo que "el estudio contable, dispuesto por el magistrado sin haber
sido pedido por alguna de las partes, no es en absoluto dirimente para
dar por configurada o no la hipótesis delictiva".
16/04/2015 (2172)
