Fresneda: "Las demoras en la causa Papel Prensa obedecen a especulaciones electorales".
"Desde nuestra condición de querellantes hicimos todo lo que está a
nuestro alcance. Nos presentamos en todas las instancias y aportamos
todos los elementos de prueba necesarios, pero no obtuvimos resultados.
Seguiremos insistiendo hasta lograr que a los imputados se los cite a
prestar declaración indagatoria", remarcó.
En la causa de lesa
humanidad Papel Prensa, en manos del juez Julián Ercolini, se investiga
la apropiación de esa empresa, propiedad de la familia Graiver, por
parte de directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en
complicidad con funcionarios de la última dictadura cívico militar.
Actualmente,
están imputados Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble,
integrantes del directorio del grupo Clarín; Bartolomé Mitre, principal
autoridad del diario La Nación; Marcos Peralta Ramos, del diario La
Razón; Raymundo Juan Pío Podestá, ex secretario de Industria de la
última dictadura, y el empresario Guillermo Juan Gainza Paz.
En
tanto que cinco de los imputados (el dictador Jorge Rafael Videla, el ex
ministro de Economía José Alfredo Martínez, el genocida Eduardo Emilio
Massera y los hermanos Patricio y Hugo Peralta Ramos) fallecieron sin
haber prestado declaración.
Tras la presentación, el 24 de agosto
de 2010, del informe "Papel Prensa, la Verdad", elaborado por la
Secretaría de Comercio que encabezaba Guillermo Moreno, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner dio instrucciones a la Secretaría de
Derechos Humanos para que se presente como querellante.
El
organismo que entonces conducía el hoy fallecido Eduardo Luis Duhalde
aportó la información sobre el caso que tenía en su poder ante el
juzgado de Daniel Rafecas, que se declaró incompetente y giró las
actuaciones a los Tribunales de La Plata.
El magistrado entendió
que esa era la jurisdicción en la que debía tratarse esta causa, ya que
los integrantes del grupo Graiver fueron secuestrados por orden de Ramón
Camps, quien era jefe de la Policía bonaerense durante la última
dictadura.
A mediados de 2011, el juez federal de La Plata
Arnaldo Corazza rechazó la causa en base a un pedido formulado por los
fiscales Rodolfo Molinas y Hernán Schapiro, quienes dictaminaron que la
causa podría ser considerada como un delito de lesa humanidad, pero
cometido en Capital Federal.
Rafecas recibió otra vez la causa y
ratificó su postura, pero calificó como "verosímil" la prueba reunida
contra los imputados en el marco de este proceso.
En diciembre de
2011, y luego de un fallo de la Sala I de la Cámara Federal, el juez
Julián Ercolini recibió por sorteo el expediente.
Un año y medio
después, Ercolini aceptó a Lidia Papaleo, viuda de David Graiver
--principal accionista de Papel Prensa--, como querellante en la causa.
Por
esos días, el fiscal Carlos Stornelli pidió apartarse de la causa por
tener "una relación de más de 30 años" con Llamil Reston, ex ministro de
Interior de la dictadura, quien es familiar de la mujer del funcionario
judicial, pero no se encuentra imputado en la causa.
Tras meses
sin que se produzcan medidas significativas en el proceso, en marzo de
este año, el fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella consideró que había
elementos para llamar a indagatoria a Magnetto, Herrera de Noble y
Mitre, entre otros.
Sin embargo, Ercolini, en menos de 24 horas,
rechazó el pedido y alegó que antes de citar a indagatorias de los
imputados alegó que faltaba "una pericia contable" sobre el valor que en
1977 tenías las acciones de Papel Prensa.
El fiscal apeló y la
Sala I, en un fallo divido, convalidó el criterio del juez, y la
secretaría de Derechos Humanos apeló esta decisión ante la Cámara de
Casación.
"En esta causa se analizan delitos de lesa humanidad.
Hubo secuestros, asesinatos y torturas y todo está parado por una
pericia contable. Creemos que las indagatorias no se pueden demorar
más", subrayo el subsecretario de Protección de Derechos
Humanos, Luis Alén.
22/08/2015 (2238)
