Ley de medios: la Defensoría del Público demandó la intervención de la CIDH.
La defensora, Cynthia Ottaviano, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la oficialización del decreto presidencial que creó el Ente Nacional de Comunicaciones e introdujo modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, solicitó hoy la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la oficialización del decreto presidencial que creó el Ente Nacional de Comunicaciones e introdujo modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que según la funcionaria "vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales".Por medio de un comunicado de prensa, Ottaviano consideró que la
creación del Ente Nacional de Comunicación, que fusionó a la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad
Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic),
generó "una situación que amenaza el respeto de los principios que desde
el sistema interamericano se han defendido" puesto que se están
"vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía,
independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios
audiovisuales".
En este sentido, reclamó la intervención de la
CIDH, "en el marco de sus facultades" precisó, ya que entiende que
leídas en conjunto, las medidas dictadas por el Gobierno Nacional
"desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la
autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y
para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la
materia"
La solicitud de "urgente intervención" efectuada por la
Defensoría al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA,
Edison Lanza, tiene "el fin de evitar que las medidas adoptadas
signifiquen un retroceso en la protección de los estándares
interamericanos en materia de libertad de expresión".
Por otra
parte, pide al Relator que "arbitre los medios necesarios para convocar a
una audiencia con carácter urgente con el objeto de analizar la
situación aquí planteada".