La desigual agenda de la comunicación.
El Enacom, creado por el gobierno de Mauricio Macri mediante el Decreto
de Necesidad y Urgencia 267/2015, aprobó la semana anterior la operación
de compra de la empresa de telefonía Nextel por parte de Cablevisión
(operador mayoritario de TV Paga propiedad del Grupo Clarín con
participación accionaria de David Martínez), y el ingreso del mismo
David Martínez a Telecom mediante la compra de un porcentaje de acciones
que le otorgan la mayoría de la voluntad social. Ambos socios
posicionan sus empresas en el supermercado de los servicios convergentes
(cable, telefonía fija, Internet y el flamante 4G).
Afsca y
Aftic habían objetado la primera operación por haber sido realizada sin
la autorización previa del ente regulatorio, y la segunda por la
carencia de antecedentes en el comprador para gestionar un servicio
público. Ambos argumentos ya no son requisitos para realizar las
operaciones, el DNU 267 los eliminó, junto a ambos organismos y
numerosos artículos que promovían la supremacía del interés público por
sobre el interés empresario y la representación social en los órganos de
administración de la comunicación audiovisual y las telecomunicaciones.
El
mismo día también se conoció que el Grupo Perfil será adjudicatario de
las dos licencias para sendos canales de TV Digital en la Ciudad de
Buenos Aires que tramitaba ante la Afsca. Pero la alegría del titular
del grupo Jorge Fontevecchia quizá no sea completa; la ley 26.522, antes
de ser mutilada por el DNU 267 obligaba a que esos canales estuvieran
en la grilla de los operadores de TV paga de la ciudad. Como están las
cosas ahora, nadie le asegura que el 90 por ciento de los hogares de la
ciudad –que ven TV a través de algún sistema pago– puedan tener acceso a
sus canales.
En diciembre el Gobierno argumentó la necesidad de
un DNU para modificar la ley 26.522 en la urgencia de realizar
modificaciones en el mercado y la parálisis del Congreso por el receso.
Ahora se designó una comisión encargada de elaborar un proyecto de ley
de comunicación, integrada por muchos de los detractores de la norma aún
vigente y sin participación de medios comunitarios y sindicatos, cuando
todavía el Congreso no se pronunció sobre rechazar o aprobar el DNU
sobre el tema.
Las operaciones mencionadas gozaron de generoso
espacio en la mayoría de los medios grandes, pero no fue lo único
sucedido en la materia en los últimos días. El jueves 3 de marzo la
Coalición por una Comunicación Democrática, con la participación de más
de 300 organizaciones, aprobó por aclamación “Nuevos 21 puntos” que
expresan la posición de organizaciones sociales, políticas, sindicales,
universitarias, comunitarias, cooperativas, interculturales,
intelectuales, de derechos humanos en torno a la comunicación –en todos
sus modos, soportes y dispositivos– para fortalecer la democracia con
inclusión y distribución de la riqueza.
Pocos días antes, el foro
ComunicAcción había reunido un millar de personas de distintos ámbitos y
geografías en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para hacer un
diagnóstico y comenzar a desarrollar espacios de articulación y
construcción de la comunicación democrática y popular como opción frente
al poder mediático que condiciona, limita y manipula la democracia.
Dos
campos tironean de la agenda. De un lado, el poder mediático que ordena
un campo político alrededor de los intereses corporativos. Del otro,
actores sociales que proponen a la política un proceso de acumulación
que conduzca a organizar las demandas populares alrededor de una agenda
democrática a favor de los intereses nacionales y latinoamericanos.
En
ese sentido, tanto la Coalición por una Comunicación Democrática, como
el foro Comunic-Acción deben ser vistos y valorados como actores
políticos emergentes de un tiempo de resistencia al neoliberalismo, en
la medida en que interpelan directamente al sistema de medios como
núcleo de organización política de un proyecto centralista, autoritario y
excluyente de las mayorías.
17/03/2016 (2416)
