Un año fuera de la ley Por Gonzalo Carbajal
Es raro esto de nombrar como nuevo a un gobierno que lleva un año y además remeda versiones anteriores. El brutal endeudamiento de estos meses nos trae a la memoria al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La persecución judicial y la recesión provocada nos recuerdan la idea de hacer desaparecer de la historia al peronismo y a la ¨columna vertebral”, el movimiento obrero. La detención irregular de Milagro Sala horada el frente externo.
En materia de comunicación el año que culmina se parece mucho al menemismo en su vocación re-reguladora, con extranjerización de medios y fuerte concentración. Pero el panorama no es tan simple. Para poder tener un balance más abarcador la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) convocó a el 2º Encuentro Federal por la Comunicación Democrática el viernes pasado. Producto de esa actividad es fruto el documento del cual hemos tomado el título para esta nota y que intentaremos comentar en la idea de que la comunicación no es un tema de periodistas y dueños de medios. La sociedad toda debe involucrarse en su planificación, diseño y gestión en tanto la frontera entre política y comunicación es cada vez más difusa.
Los más de 150 participantes del encuentro propiciado por la CCD, enumeraron una serie de aspectos que van desde decisiones de gestión hasta intenciones políticas en los que podemos encontrar la mano de las espadas que se hicieron conocidas por su oposición acérrima a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que reemplazó al decreto-ley de la Dictadura -es bueno recordarlo-.
Comienza el documento caracterizando la situación actual como “de riesgo” para la comunicación social y la libertad de expresión en función de haber decidido impulsar por Decreto de necesidad y Urgencia cambios que hubieran requerido de una Ley del Congreso Nacional. Así, la pluma de Mauricio Macri y alguno de sus ministros terminó resolviendo por sobre la voluntad de millones de compatriotas que habían participado del proceso de construcción de una legislación más amplio del que se tenga memoria. Por decreto Macri resolvió disolver la AFTIC y la AFSCA (órganos que regulaban las actividades de las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual) y los comprimió en un solo ente cuya mayoría controla el Poder Ejecutivo. Junto con ello se cargó la representación territorial y sectorial en los Consejos Federales que acompañaban la gestión como órganos participativos revisores y de dictado de políticas.
La desaparición del Fútbol para Todos como instancia de recepción gratuita de contenidos deportivos, la entrega de frecuencias del espectro radioeléctrico sin concurso para beneficio de sociedades privadas y la autorización para que empresas ya dominantes en el mercado adquieran otras con las que consolidan sus posiciones son parte de lo que se trató el viernes pasado en el Congreso Nacional.
Claro que todo esto no se hace a la vista de todos, la oscuridad en las decisiones es la norma. El Ente Nacional de Comunicaciones (que reemplazó a AFSCA y AFTIC) continúa sin publicar sus actas de reuniones. A espaldas de la sociedad de toman decisiones que consolidan el poder de los más poderosos. Mientras dilatan el pago de dinero adeudado de los concursos establecidos por ley, hacen un simulacro de debate en reuniones cerradas, sin acceso al público y ofrecen una “ventanilla de participación” por medio de un formulario en el que caben trescientos caracteres. Así fueran tres mil, estaríamos en la misma posición. Las políticas de comunicación se deben discutir de cara al conjunto de la sociedad y no entre cuatro paredes.
La concentración tiene una consecuencia directa: la censura. El poder dominante de unos pocos ahoga la pluralidad en los medios de comunicación. Menos programas, menos canales, menos trabajo. Es un círculo vicioso que sólo favorece a los dueños de los medios más grandes y a los poderes políticos con los que se asocian para extraerles favores. Historia repetida.
Una de las experiencias más novedosas que trajo la Ley de SCA fue la creación de la Defensoría del Público. Pues bien, terminado el mandato por cuatro años de la primera defensora, la Alianza Cambiemos con la anuencia del Frente Renovador ha resuelto dejar acéfalo a este órgano.
Las ciudades pequeñas y medianas conocen bien el fenómeno de la retransmisión de contenidos generados en Buenos Aires. La repetición de emisiones creadas y concebidas para otro lugar actúa como tapón a contenidos locales y al trabajo de decenas de miles de personas en toda la Argentina. Para complicar más las cosas, o para favorecer a las emisoras más grandes de Buenos Aires, la firma de Macri decidió ampliar el tiempo permitido para retransmitir, ahora se puede hacer hasta la mitad del tiempo en el aire, antes el límite era un tercio.
Todos estos temas y algunos otros son denunciados en el documento de la CCD que es producto del encuentro relatado, pero que recoge el debate de meses a lo largo y ancho del país en todas las ciudades donde la Coalición tiene funcionamiento.
Los desequilibrios entre Norte y Sur, entre la Capital Federal y el resto del país, entre las capitales de las provincias y el resto de su territorio, no son nuevos. Pero no por viejo el debate deja de ser necesario. Mucho menos cuando desde fines de 2009 una Ley del Congreso nos había puesto a la cabeza del mundo. De un mundo que quería ser soberano y entendía que sin cambiar el modo en el acceso y distribución de la información y las comunicaciones era casi imposible pensar en una verdadera democracia.
El documento referido culmina señalando un camino. Dice que “El derecho humano a la comunicación requiere hoy acceso universal y gratuito a redes de banda ancha y las plataformas que permiten intervenir en el flujo de contenidos digitales. Los contenidos han sido y son el motor que impulsó el exponencial desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y el Conocimiento). El desafío es equilibrar los flujos de circulación de manera horizontal y preservar los contenidos nacionales y regionales sin interferencias, favoritismos o imposiciones de mercado”.
Difícil para un gobierno que ha hecho de la ampliación de brechas y los desequilibrios su manera de gobernar. Complicado para los CEOs que pueblan la Casa Rosada y que piensan solo en negocios. Para ellos hablar de “políticas activas de conectividad universal, alfabetización digital, fomento de la apropiación popular de las tecnologías e impulso a contenidos locales y nacionales” es directamente hablar otro idioma.
ARBIA INFORMA: ftp://ftp.lacorameco.com/05122016/ARBIA_INFORMATIVO_051216.mp3
05/12/2016 (2589)
