SIGUEN LOS DECOMISOS DE RADIOS EN EL PAÍS.
El pasado 7 de marzo, Radiodifusores de Formosa señalaron en su Declaración que “La actuación del organismo federal configura un avasallamiento a los derechos que tenemos de trabajar y expresarnos libremente, sin que las opiniones o posturas que puedan asumir cada uno, puedan ser motivo de molestia para algunos, ya que este es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
El argumento de los procedimientos llevados a cabo en Formosa contra FM Milenium, FM Popular y FM La Torre, alude a improbables interferencias al aeropuerto de Resistencia, Chaco. Adicionalmente, dos camionetas del ENACOM recorrieron toda la ciudad de Formosa y aledaños en supuestas maniobras de verificación técnica.
Adherimos al comunicado de la Asociación de Radiodifusores Formoseños al señalar que: “Colocarnos en situación de radios ilegales en realidad demuestra la mora y la deuda que el Estado Nacional tiene con los radiodifusores por no regularizar el espacio radioeléctrico, convocando a los concursos correspondientes para que se puedan obtener las licencias que correspondan, ya que es intención y voluntad la de trabajar con las habilitaciones definitivas”.
La ilegalidad de fondo está causada por el propio Poder Ejecutivo Nacional que, al asumir en 2015, usurpó las facultades naturales del Congreso de la Nación y legisló por Decreto, para favorecer los negocios de los grandes grupos mediáticos privados.
Los operativos del ENACOM también se realizaron en Chaco, Corrientes y en una emisora de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, en algunos casos con avasallamiento de derechos otorgados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún vigentes.
También merece nuestro repudio un peculiar operativo fiscal contra emisoras radiales —con amenazas de clausura incluidas—, realizado a fines de enero de 2017 por la Intendencia de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Cabe señalar que un presunto recupero de deudas o regularización fiscal no puede en modo alguno violar el derecho federal y constitucional a la libertad de expresión, excepto que sea ordenado por autoridad judicial competente.
Ante la existencia de una multiplicidad de emisoras censadas por el ex AFSCA en 2011, y dada la imposibilidad de medios comerciales y sin fines de lucro de obtener su licencia, resulta de una extrema pobreza argumentativa el utilizar la supuesta falta de habilitación para acallar las voces de emisoras FM en todo el país. La Coalición por una Comunicación Democrática sostiene que el derecho a la libertad de expresión e información debe primar hasta tanto el Gobierno complete la regularización por medio de sendos planes técnicos y concursos ordenados por los artículos vigentes de la Ley 26.522.
Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.
Coalición por una Comunicación Democrática
13 de marzo de 2017.
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