Preocupación en el Gobierno ante un efecto boomerang
En el oficialismo alertan por las medidas dictadas a ex funcionarios. Y analizan que pueda utilizarse el mismo criterio contra procesados de la actual administración.Ezequiel Spillman
Navidad. “8 de diciembre: hoy se arman los arbolitos”, publicó ayer Macri en sus redes sociales.
El pedido de desafuero y prisión preventiva de Cristina Kirchner generó una fuerte alerta dentro del Gobierno. En particular, en la Casa Rosada apuntan al efecto boomerang que pueda tener la decisión de poner preso a un ex funcionario sin siquiera estar confirmado su procesamiento.
Este fue uno de los temas que debatieron en la “mesa jurídica” que animan los principales asesores letrados del presidente Mauricio Macri. La evaluación que realizaron, en este marco, es que no sólo la ex presidenta no debería ir presa tras la decisión del juez Claudio Bonadio, sino que, incluso, varios se animaron a cuestionar la legitimidad de la prisión para Amado Boudou.
“Es una locura, esto puede volver contra nosotros como un boomerang. Si la preventiva es por entorpecer una causa, la mitad de los funcionarios actuales imputados por Comodoro Py podrían estar presos con el mismo criterio”, le dice a PERFIL uno de los juristas que asesora al jefe de Estado.
En ese marco, la llamada “doctrina Irurzun”, por el camarista que avaló la detención de Julio De Vido en la causa por irregularidades en Río Turbio, parece haber sido leída de una manera extensiva a cualquier causa, según la lectura que realizan en el poder macrista.
En este contexto, otras dos cuestiones ocupan el centro de las implicancias políticas del caso: en primer lugar, la repercusión internacional de la causa a días de la apertura de la reunión de la Organización Mundial de Comercio y en vistas al encuentro del G20. En segundo lugar, que no se instale la idea de que el oficialismo fue el “verdugo” de la ex presidenta ante los ojos del PJ no kirchnerista, del sindicalismo y acaso de la opinión pública.
Evaluación. En plena ebullición política –y penitenciaria–, el presidente Macri decidió tomarse el fin de semana largo, junto a su mujer Juliana Awada y su hija Antonia, en Potrerillo de Larreta, un country en la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba.
A pesar de ello, el pedido de detención de CFK, junto con otro grupo de ex funcionarios y dirigentes kirchneristas, dominó la agenda de la Casa Rosada el jueves. En el primer piso de Balcarce 50, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el viceministro político del Interior, Sebastián García de Luca, y las principales espadas parlamentarias de Cambiemos analizaron el tema a fondo.
Una de las principales conclusiones a la que arribaron los colaboradores del jefe de Estado es que el escenario tras el fallo del juez Bonadio por la causa de encubrimiento y “traición a la patria” por el caso AMIA no es favorable. En ese marco, surgió la clara idea de no exponer al Gobierno como el “verdugo” de la ex presidenta.
Por ello, el propio jefe de Gabinete bajó línea: afirmó que había que sostener que no hay “intromisión” en el Poder Judicial, que los poderes son independientes y que, en todo caso, el trámite de desafuero siga sus carriles ordinarios en el Senado sin que sea impulsado por el macrismo en sesiones extraordinarias.
“Tener a una ex presidenta detenida o con pedido de prisión es muy fuerte. Hasta el caso De Vido está dentro de los márgenes, lo de Cristina es demasiado”, razonó ante PERFIL uno de los funcionarios con despacho en la Casa Rosada.