No nos han vencido
El documento hizo un repaso de los miles de exiliados que dejó la dictadura, el plan económico neoliberal puesto en marcha por la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla en 1976 a través de “un plan sistemático de exterminio” en “más de 800 centros clandestinos de detención” que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos.
Remarcaron, además, que esto ocurrió con la complicidad de la Iglesia
Católica, los medios de comunicación “como Clarín, La Nación, La Nueva
Provincia de los Massot” y las organizaciones empresarias “como la
Sociedad Rural”.
El documento fue leído en distintos tramos, cada
uno a cargo de representantes de los diferentes organismos de derechos
humanos que se aunaron en la convocatoria a cargo de la primera marcha a
Plaza de Mayo. La encargada del cierre fue Taty Almeida, de Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Seguimos defendiendo la patria grande
por la que lucharon los 30 mil”, sostuvo y repudió “el discurso
discriminatorio y xenófobo que se intenta imponer desde los medios
hegemónicos y el Gobierno” y remarcó que “migrar es un derechos humano”.
Uno
de los párrafos que leyó Almeida fue tal vez el más ovacionado. Ocurrió
cuando hizo referencia “a la lucha de las compañeras por el derecho
derecho a decidir”, que fue ni más ni menos que un posicionamiento a
favor de la legalización del aborto.
Hubo también un “abrazo” a
los “sindicatos que están siendo atacados” y un particular llamado de
libertad a los presos políticos, cuya cantidad “desde diciembre de 2015
han aumentado”. “Son compañeros y compañeras a quienes no se les ha
probado ningún delito ni tienen condena”, dijeron y sostuvieron que la
liberación del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y del
dirigente social Luis D’Elía fue “un acto de justicia que nos alienta a
seguir reclamando por todos. No aceptaremos la persecución desde el
gobierno nacional”.
Luego, los organismos denunciaron la vigencia
de “el mismo plan económico (puesto en marcha por la dictadura) y
sostenemos la misma lucha. Por eso marchamos contra el ajuste la
represión y la impunidad. Por una democracia sin presos políticos”,
indicaron.
“Ningún genocida suelto”, exigieron y subrayaron que
“ante un gobierno que vulnera los derechos del pueblo seguimos
respondiendo con lucha, compromiso y solidaridad”. También advirtieron
que “detrás del negacionismo” practicado por varios funcionarios del
gobierno nacional al poner en tela de juicio que la cantidad de
desaparecidos fue de 30 mil, “está el intento de olvido”. “Y detrás del
intento de olvido está la intención de desmovilizarnos. No nos han
vencido. Estamos acá, en unidad con el pueblo, con las banderas de los
30 mil en alto”.
Otro tramo destacado fue también el que denunció
el “cercenamiento de la libertad de expresión”, así como también “el
despido de periodistas y el cierre de medios de comunicación a la par
del aumento de la concentración en manos de unos pocos medios, los
mismos de siempre” que, además, fueron “órganos de propaganda” de la
dictadura y que “hoy siguen siendo los voceros de la mentira”. “Son los
mismos que se robaron la empresa Papel Prensa”, señalaron y remataron:
“Nunca más el silencio”.
La declaración conjunta denunció que en
la actualidad “se persigue al que piensa, opina o actúa distinto” y se
advirtió que “no es casualidad que el gobierno nacional persiga a jueces
y fiscales que han avanzado en causas de lesa humanidad”. “Queremos un
Poder Judicial independiente.”
Luego, sin perder de vista que “el
principal motivo (de la convocatoria de hoy) es la presencia de
nuestros hijos y el repudio al golpe cívico clerical militar”, el
documento denunció la “vulneración del Estado de derecho” por parte del
gobierno de Cambiemos y tomó como ejemplo tanto los casos de la
desaparición y posterior hallazgo muerto de Santiago Maldonado.
Exigieron el esclarecimiento de su muerte así como también la de Rafael
Nahuel, “asesinado por la espalda” por las fuerzas de seguridad
federales.
Al recordar a Maldonado y Nahuel reivindicaron “a
quienes luchan por sus tierras ancestrales” y exigieron la renuncia de
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su segundo Pablo Noceti.
“La violencia institucional hoy es una política de Estado desplegado por
el país y refrendada por un presidente que recibe a un policía que
ejerce la pena de muerte”.
“Es inadmisible ese mensaje en
democracia”, dijeron en referencia al policía Luis Chocobar y
mencionaron también a los agentes de la policía tucumana Nicolás
González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, signados de ser los
autores del asesinato del niño de 12 años Facundo Ferreira.
Por
otra parte, puntualizaron que "acompañamos a las familias de los
tripulantes del ARA San Juan" y reclamaron al gobierno que profundice la
búsqueda del submarino. Por último se denunció “el terrorismo de Estado
en México” y calificó a Brasil como “país militarizado por el gobierno
de Michele Temer que llegó al poder a través de un golpe parlamentario”.
Se pidió el “respeto” de los acuerdos de paz en Colombia, entre el
gobierno de Juan Manuel Santos y las organizaciones guerrilleras y se
demandó el respeto de la soberanía de Venezuela y Cuba.
24/03/2018 (3045)
