Despidos masivos por debajo de la mesa
El decreto de Macri dará de baja más de seis mil contratos
Despidos masivos por debajo de la mesa
Además de congelar los ingresos a la Administración Pública Nacional hasta diciembre de 2019, el decreto publicado hoy dejará sin trabajo a fin de año a más de 6000 trabajadores precarizados. Es por la decisión del Gobierno de eliminar las contrataciones de Asistencia Técnica a través de universidades.El recorte de trabajadores estatales oficializado esta mañana mediante
el decreto 632/2018, con la firma del propio presidente Macri, incluyó
de manera encubierta un anuncio de despidos masivos: más de 6000
trabajadores estatales precarizados se quedarán sin trabajo a partir de
2019. Se trata de los empleados que actualmente están contratados
mediante la modalidad de Asistencia Técnica a través de universidades,
entre 6000 y 7000 empleados distribuidos en todas las áreas del Estado.
Según especificó el decreto, todos los contratos celebrados con
universidades, ya sean públicas o privadas, nacionales o provinciales,
“quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019”.
Oficializan el decreto para frenar las designaciones en la Administración Pública | Estado ajustado
Esta
mañana el Gobierno oficializó el decreto para avanzar con el ajuste en
el Estado, algo que ya había anunciado el ministro de Modernización,
Andrés Ibarra, junto con el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, un mes
atrás. El ajuste va en la línea de achique del gasto público reclamado
por el FMI para reducir el déficit fiscal.
Lo que no estaba claro
era hasta donde llegaría el plan de ajuste en los trabajadores
estatales. Menos, que el recorte contemplaría más de 6000 nuevos
despidos.
Si bien el decreto se presentó como un freno a nuevas
contrataciones en las áreas del Poder Ejecutivo, salvo algunas
excepciones, el artículo 3 deja sin efecto los convenios de Servicios de
Asistencia Técnica celebrados con las universidades a partir del 1º de
enero de 2019. Según los gremios estatales, actualmente hay bajo esta
modalidad de contratación entre 6000 y 7000 trabajadores, con cinco años
de antigüedad en promedio.
Los despidos serán efectivos ya que el
mismo decreto estipula que esos trabajadores no pueden ser contratados
mediante otra modalidad. En primer lugar, porque el artículo 1º del
decreto congela las contrataciones y designaciones de personal “de
cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no
presupuestarias hasta el 31 de diciembre de 2019” y, en segundo lugar,
porque la norma aclara que “no podrán celebrar nuevos convenios de
servicios de asistencia técnica mediante servicios personales” como se
hacía a través de las universidades.
“Los trabajadores son
contratados por los organismos y trabajan para el organismo. El vínculo
con la universidad es algo meramente administrativo, porque como no hay
restricción para pagar consultorías ese dinero se usa para pagar
sueldos”, le dijo a Página/12 Luciano Fernández, secretario gremial de
ATE Capital, entidad que representa al 70 por ciento de los estatales
nacionales. Según el dirigente, la mayoría de los trabajadores
contratados bajo esta modalidad se desempeñan en el Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Justicia, aunque en menor medida.
Además de dar
de baja a los contratados por universidades, para Fernández el decreto
abre la puerta a cientos de despidos más. “El decreto es un anuncio de
ajuste muy amplio porque pone en revisión las estructuras de todos los
organismos descentralizados. Con la excusa de bajar los cargos
políticos, cuando dan de baja alguna jefatura lo que terminan haciendo
es eliminar áreas enteras y, por lo tanto, más despidos”, remarcó el
dirigente, en referencia al artículo 11 del decreto. Además, la norma
pide la revisión del “régimen de empleo y de contratación” y de “la
estructura salarial, régimen de compensaciones, y la planificación de
gastos en personal” prevista para el próximo año a fin de realizar una
“evaluación integral en el marco del objetivo de equilibrio
presupuestario”. En base a esa evaluación, se podrían prever más
despidos.
“En el Estado hay cerca de 60.000 mil trabajadores entre
contratos de asistencia técnica, consultorías y monotributistas, que
encubren una relación de empleo y que no tienen estabilidad. Todos ellos
hacen tareas permanentes aunque sus contratos digan que no. El decreto
dice que sólo van a haber concursos internos, donde se pueden presentar
empleados con más de diez años de antigüedad. O sea que están diciendo
que no van a regularizar de ninguna manera a quienes tienen menos de
diez años”, remarcó Fernández.
Desde el Ministerio de Modernización
aclararon que son 5800 los trabajadores contratados bajo la modalidad de
Asistencia Técnica y que la norma no suspende los convenios con las
universidades para otro tipo de consultoría. La prohibición queda sujeta
a las contrataciones de empleados a través de esas partidas
presupuestarias. También aseguraron que los trabajadores serán
contratados bajo otra modalidad, algo que contradice lo dispuesto en el
artículo 1º del decreto que prohíbe nuevas contrataciones de personal
“de cualquier naturaleza”.