La industria Pyme del Biosiesel va a la quiebra
Los productores pymes que abastecen al mercado local tienen el precio de venta congelado desde diciembre y no pueden absorber los aumentos del aceite de soja, principal insumo para la fabricación del biodiesel. Fuerte Inquietud ante la falta de respuesta oficial. A partir de la sanción de la ley 26.093 del año 2006 que establece el “Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles” la industria de los combustibles tomó vuelo y se transformó en un importante dinamizador de las economías rurales del interior de nuestro país.El marco regulatorio establece que los grandes productores podrán exportar, mientras que los pequeños y medianos tendrán reservados para sí el mercado interno.
De ese modo aseguran la sostenibilidad de una industria que agrega
valor en origen y contribuye al cuidado del medioambiente. Alrededor de
30 pymes de La Pampa, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y
Neuquén abastecen con 1.1 millones de toneladas anuales al mercado local
de biodiesel, que en su mayoría se utiliza para cortar el diésel que
las refinadoras obtienen de los hidrocarburos.
Durante muchos años el
precio del biodiesel que las pymes entregaban a las refinadoras estaba
regulado por una fórmula que les aseguraba una rentabilidad razonable y
tomaba en cuenta los costos de los distintos componentes de la cadena.
Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri se desarticuló ese
esquema y las plantas comenzaron a operar con serias dificultades.
La
Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles
emitió un comunicado en el que cargó duramente contra el gobierno de
Cambiemos. “Durante el gobierno de Macri se golpeó sistemáticamente a la
industria nacional pyme, y nuestro sector no fue la excepción. Durante
su gestión se desarticuló todo el esquema de cálculo de ´precio al punto
al punto tal de que la última fórmula válida para nuestra industria fue
la vigente a julio de 2015; a partir de allí, los cálculos publicados
en la mayoría de los supuestos ni siquiera permitían cubrir los costos
variables”.
Pero más allá de cargar responsabilidades en el gobierno
anterior, la CEPREB centra su reclamo en lo que consideran un camino
ruinoso si no se toman medidas. “Las pymes de nuestro sector van a la
parálisis total e inminente quiebra y con esta crisis se da lugar a que
los grandes conglomerados agroindustriales extranjeros desplacen a los
productores nacionales, lo que conllevaría la pérdida de miles de
puestos de trabajo”.
Su análisis se centra en el creciente precio del
aceite de soja, que representa el 80% de su costo. Las constantes
microdevaluaciones llevaron el tipo de cambio oficial de los 63 pesos el
10 de diciembre de 2019 a los 76 dólares de hoy mientras que el precio
de la soja y del aceite de soja mantiene una tendencia alcista.
Ante
esta delicada situación, tanto la Cámara cómo los productores vienen
realizando intensas gestiones ante el Ministro de la Producción Matías
Kulfas.
Por distintas vías y medios enviaron emisarios para tratar de
poner el tema sobre la mesa. Saben que no es una tarea sencilla, ya que
las prioridades del ministro están puestas en aquellos sectores que
están paralizados o que han sufrido severas pérdidas por la pandemia
mundial de COVID-19.
Un consultor del sector, que prefirió opinar en
off, lo expresó de manera muy sencilla: “El 80% de la economía está en
crisis y los funcionarios no tienen tiempo material para atajar los
problemas, por ende priorizan atender a aquellos sectores que han dejado
de producir. Pero deberían prestar atención al bio, porque con un
simple aumento de precios, que no va a afectar en el surtidor, podrían
evitar que otro sector más caiga en desgracia”.
Si bien el tema del
precio es catalogado como “urgente” por los productores, aparece en el
horizonte el tema del vencimiento de la ley. La 26.093 vence en mayo de
2021 y en el oficialismo no hay un criterio unificado sobre qué hacer.
Están los que piden prorrogarla hasta el 2024, los que piden prorrogarla
con modificaciones y los que directamente quieren hacer una nueva.
En
abril, el Gobernador de Tucumán Juan Manzur, pieza fuerte del Frente de
Todos, le había pedido al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero la prórroga
y éste anunció que se iniciarían los procedimientos administrativos
para prorrogar la ley. Sin embargo en un zoom de la liga bioenergética
con Kulfas se habló de la posibilidad de hacer una nueva norma.
Consultado
por este tema, un importante funcionario del Ministerio de la
Producción respondió con una escueta respuesta, y dentro del libreto
previsto: “Estamos analizando todo el estado de la industria para
evaluar cómo seguir luego del vencimiento”.
06/08/2020 (4688)
