NO ACEPTAR LA MERCADOCRACIA Por Dr. Rodriguez Villafañe
Los medios de comunicación avanzan sobre la configuración de pautas de pensamiento y de vida de las personas. Contra eso, el destinatario común casi no tiene posibilidad de defenderse. Existe, por lo general, una debilidad estructural en su relación con quien le ofrece la información que consume.
Todo lo cual, evidentemente, genera un ámbito que limita el libre albedrío para evaluar conscientemente sus reales posibilidades o necesidades, al momento de tener que decidir sobre sus ideas, gustos o preferencias. La lógica del mercado produce relaciones económicas desiguales. En el mercado a los individuos se los consideras usuarios, consumidores o clientes, lo que implica capacidad adquisitiva para usar, consumir o comprar. En él no aparece, ni pesa lo suficiente, conceptos esenciales como el de ciudadanos o personas.
Además, en ello las personas son consideradas como objetos a convencer
para que use, consuma o compre, pero no sujetos comunicacionales con
derechos a respetarlos e informarles adecuadamente.
La
realidad demuestra que existen algunas propuestas gráficas y de
programas radiales y televisivos y redes sociales, que generan
dependencia manipuladora en el destinatario. En ellos se ofrece un
producto vacío, mentiroso, degradante que apela, la más de las veces, a
sentimientos pasajeros y a sensaciones que hacen involucionar. Los más
débiles difícilmente puedan superar la influencia negativa de dicha
instrumentación de los medios. De esa manera, resulta difícil que el
público, audiencia o consumidor pueda ejercer el verdadero papel de
jueces del “rating” o de la calidad de lo que se le ofrece y en función
de ello, no consumir y castigar al mal producto o servicio. Esta
situación se vuelve particularmente grave y tramposa también, cuando es
la información la que se manipula y entrega con criterios de
entretenimiento y no para la formación de una recta opinión pública.
Incluso, la noticia se presenta, muchas veces, con vulgaridad, facilismo
y tremendo mal gusto.
Asistimos, a su vez, a un momento
en el que existe una fragmentación de la sociedad y en ella se han
disuelto, en gran medida, los vínculos tradicionales, que le permitían
entender los verdaderos intereses de todos y cada uno, en la vivencia de
una misma historia común y un destino compartido.
A lo que
cabe sumar, que muchos medios de comunicación no siempre tienen lealtad
para con el sistema democrático y de respeto a los derechos humanos, que
les da su verdadera justificación como soporte de la vigencia de los
mismos. A veces, la lógica que los guía hace que no se compadezca la
firmeza con la que defienden legítimamente los derechos que amparan su
gestión, respecto de la manera contradictoria como se informa y educa a
la ciudadanía, en lo que hace al desarrollo de los valores democráticos a
los que se deben, tanto los medios como la sociedad. En esa dinámica
los medios, en gran parte de sus propuestas, forman y fomentan la
frivolidad y la trasgresión como estereotipos de ejemplaridad, como la
campaña “No a la Cuarentena”, todo lo que lo que contrasta con los
requerimientos de la sociedad que necesita que se respeten objetivos de
bien común y contar con dirigentes formados, responsables y capaces.
Difícilmente se rescate lo positivo de los gobernantes que actúan con
corrección, porque “no se considera lo bueno como noticia”. Y, en el
anonimato mediático que se somete a los esfuerzos valiosos, a veces, se
deja la sensación que todo es negativo y corrupto en la gestión
política, desalentando a los mejores para que opten por la vocación de
servir desde lo público y gestando la imagen en la sociedad que la
democracia es ineficiente e inútil en sí misma.
En ese
contexto, la información, la política y la gestión de gobierno es
presentada en los medios de difusión, en especial radio y televisión con
el mismo formato de la publicidad comercial. Y como la publicidad,
tienden a manejarse con la misma lógica en general, una política de
atontamiento a la ciudadanía buscando: “aturdir” más que “reflexionar”;
imponer frases más que discutir “ideas”; “jugar con imágenes” más que
apelar al “juicio crítico”. Todo lo cual ha llevado y lleva a un
empobrecimiento cívico, por ende, a una degradación de la calidad de la
Democracia. En la gran escenografía mediática montada se convenció y se
logró llevar adelante cambios negativos profundos en el país, sin el
análisis debido y no se ayudó a adoptar los recaudos necesarios. Así se
convenció y se logró en Argentina, por ejemplo, contraer nuevos
endeudamientos externos ilegítimos y la convalidación de las deudas
anteriores odiosas, lo que no permitió, ni permite, que la ciudadanía
pueda tener la información adecuada, en tiempo propio, sobre dicha
problemática que la agobia y nubla su futuro.
En una economía
de mercado no se trepida en usar métodos de convencimiento que avanzan
sobre la configuración de pautas de pensamiento y de vida de las
personas.
Todo lo cual, evidentemente, genera un ámbito que
desborda la posibilidad de ejercer un juicio crítico y limita el libre
albedrío para evaluar conscientemente las reales posibilidades o
necesidades, al momento de tener que decidir sobre gustos o
preferencias.
En definitiva, la economía del mercado,
asociada a la gran penetración social de los nuevos medios de difusión,
utilizados al servicio de un discurso único, termina mandando sobre las
personas y los pueblos.
En función de lo referido hay que
evitar que se imponga la lógica neoliberal que ha buscado achicar al
Estado y potenciar el Mercado, de manera desregulada políticamente y de
esa forma convertir al mercado en un verdadero “Poder”, que maneja las
actividades económicas, financieras, políticas y sociales y transforma a
la Democracia, en una “Mercadocracia”. En esa perspectiva corporativa
se imponen medidas por sobre las necesidades básicas de las personas
particularmente, en detrimento de la protección social y otras
responsabilidades estatales esenciales en materia de derechos humanos.
El mercado no puede, por sí mismo, determinar el goce o no de un
derecho humano y menos condicionar económicamente, por ejemplo, el
acceso a Internet, basándose en el sólo objetivo de la mayor utilidad,
ya que es un servicio público en competencia, como lo establece el DNU
690/2020.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista,
especialista en Derecho de la Información
Periodista de opinión
08/09/2020 (4757)
