Correo M: Quiebra y Fraude

Duro fallo de jueza Cirulli: desbarata propuesta de pago "al 100%" y advierte sobre manipulación de mayorías, irregularidades en el proceso y un intento de pagar con tasas de interés fijadas en 2002. Los síndicos, con las pruebas recolectadas, tienen 6 meses para solicitar la quiebra de SOCMA y Sideco. Por Gabriel Morini. Veinte años pueden ser nada para el tango, pero no lo fueron para el proceso más extenso de concurso de acreedores de la historia de la Justicia comercial argentina que ayer tuvo un hito: la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra (la segunda) de Correo Argentino SA, la empresa controlada por el clan Macri que atravesó 6 gobiernos signada por escándalos, maniobras dilatorias, denuncias cruzadas y hasta una causa penal por el intento de cerrar -en 2016- un acuerdo que iba a ser perjudicial para las arcas públicas.

En duros términos, y hasta justificándose respecto a las presiones públicas que hizo el propio Mauricio Macri y la plana mayor de Juntos por el Cambio, la jueza dio el primer paso para un nuevo escenario. Será la sindicatura general la que tenga un plazo de 6 meses para verificar las pruebas obrantes en el expediente y solicitar, si considera la mención al fraude de los administradores y directivo que detalla la sentencia, la extensión de la quiebra a las controlantes, SOCMA y Sideco Americana S.A., las firmas holding de los Macri. Ese es el principal temor del expresidente: que deban afrontar el pago de la deuda.
Carlos Zannini dijo que no subestima la capacidad de los abogados de Macri para alargar cualquier proceso en la causa Correo Argentino y recordó que el proceso de salvataje empezó en marzo del 2010 y pasaron 11 años hasta que se decretó la quiebra.
El decreto de quiebra será revisado por la Sala B de la Cámara Comercial que tramitó los múltiples incidentes y contingencias que tuvo el caso pero que buscó abstraerse en el último lapso para analizar como una hoja en blanco. En agosto de 2020, el Estudio Evaluador había concluido que el pasivo superior al activo daba como resultado que el paquete accionario valía cero. Eso explica por qué todas las empresas, salvo Correo, habían desistido del salvataje.
Cirulli destinó su escrito a clarificar dos asuntos. El Estado no había sido “acreedor hostil” como postularon los Macri por no aceptar su última oferta y detalló las múltiples audiencias de conciliación donde asistieron representantes oficiales en el transcurso de todo este proceso. Es que la reedición del período de “cramdown” replica lo que había ocurrido –calcado- en 2010. Pero lo central fue que tampoco la empresa había alcanzado de manera legítima las mayorías necesarias de acreedores para evitar la quiebra. Tuvo protagonismo el dictamen de los hallazgos de la fustigada fiscal Gabriela Boquín: el Meinl Bank articuló de manera dudosa las conformidades con las que se buscaba el salvataje. Un dato solo para observadores.
Correo estructuró a sus acreedores en cuatro grupos –A, B, C y D- pero la ley prevé que se requieran mayorías absolutas en todos los grupos para alcanzar el umbral legal. El Estado, el principal, había quedado en soledad en la A. ¿Hubo mala praxis o el que aconsejó semejante organización calculaba que el Estado iba a prestar su aval explícito para que sea homologado el acuerdo? Misterios.
“La deudora no aportó conformidades que cumplan con la exigencia legal señalada”, fue la base de la que partió Cirulli, porque las “conformidades” que agregó Correo eran anteriores a las de su última propuesta, pero las quería hacer pasar por actualizadas. La fiscal de primera instancia también propició la quiebra por no adecuarse a la Ley de Concursos y Quiebras. Pero la jueza fue más allá y recordó que muchas de esas conformidades habían sido prestadas en 2007, hace 13 años y en condiciones distintas a las actuales.
“A lo largo de todo ese tiempo variaron sensiblemente los indicadores económicos y sobrevinieron sucesivas devaluaciones de nuestro signo monetario con gran pérdida del valor adquisitivo, lo cual es de conocimiento público. En esa situación, no podría razonablemente suponerse que aquellos acreedores Categoría C -antes aquiescentes- aceptarían ahora la llamada mejora de propuesta, tratándose de créditos devengados hace dos décadas”, sostuvo con lógica.
El tramo que desmiente cualquier defensa de la propuesta del Grupo Macri, Cirulli lo graficó así: “Aunque la concursada ofrece abonar el 100% de los créditos verificados como quirografarios laborales verificados, esa sola circunstancia no convierte en auspicioso lo propuesto, pues el pago se efectivizaría en diez cuotas anuales, iguales y consecutivas del 10% cada una contadas desde la adquisición de firmeza de la homologación del concurso; y otra cuota adicional un año después comprensiva de intereses calculados con la magra tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina desde la presentación en concurso y hasta el pago. Dicho con mayor simpleza, los integrantes de la Categoría C deberían aguardar no menos de once años más para percibir sus acreencias. Si sumamos ese lapso a los veinte transcurridos, es claro que para cobrarlas habrían esperado treinta y un años”, concluye sobre los Acreedores Quirografarios, quienes eran supuestamente los “beneficiados” con la nueva propuesta. Esas conformidades no podían ser “seriamente” tenidas en cuenta bajo este cariz.
A esta altura, Cirulli reseñó que no necesitaba más para declarar la quiebra. Pero abundó. Y mencionó hallazgos de Boquín respecto a manipulación de mayorías, otorgamiento de poderes a apoderados que eran del mismo estudio que los del Correo y habrían sido obtenidas “fraudulentamente”. Y que en ese marco, se dio la operación entre el Meinl Bank y Correo en 2013. La jueza habla de “presunción de fraude”.
Allí anoto una señal de alerta para los Macri a futuro: “En caso de que la investigación ordenada el 26/5/2021 al respecto por pedido del Ministerio Público en el Incidente de Investigación N° 94.360/2001/1, arrojara como resultado la ilegitimidad de tal crédito, lo cierto es que mucho más de la mitad del capital computable para la determinación de las mayorías legales, que oscila entre $ 523.037.463,95 y $527.507.521,71”.
Y agregó un hecho curioso respecto a un abogado que figuraba como apoderado de 24 cesionarios que supuestamente habían dado conformidad. Dijo que ese documento era falso. Esto también terminó en sede penal, a la sombra de la causa principal que tiene Ariel Lijo. “Se tratan de cesiones de una enorme cantidad de créditos verificados, efectuadas en favor de un número reducido de beneficiarios, y dentro de un particular escenario plagado de denuncias”, cerró Cirulli.
Casi al final, la jueza destrozó el argumento de Correo respecto al “hostil” Estado que debía sí o sí aceptar su última oferta, de forma “tácita”. Porque Correo debía acompañarla con la aceptación certificada por escribano, como prevé la ley y no había manera de interpretar que avalaba de otra manera. “No podría en ningún caso interpretarse que la posición evidenciada por el acreedor Estado Nacional en este concurso, es irrazonable o abusiva, por la sola circunstancia de no haberse expedido afirmativamente sobre la propuesta de pago o por haberla rechazado”, adujo, también con lógica.
Circulli aclara que no existe tal pago del 100% al Estado por aplicar el capital nominal de $296 millones propone una tasa que se remitía a una “sentencia verificatoria” dictada en 2002, donde “se redujeron las tasas pactadas”. Está subrayado en el fallo. “Es claro que el mantenimiento de esa tasa de interés no puede compensar ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal”, sentenció.
“No puede cuestionarse, dentro de la órbita concursal, que el acreedor Categoría A encuentre insuficiente una propuesta que no contempla la entidad actual de la deuda, ni quiera sujetarse a decisiones jurisdiccionales inciertas y extrañas al quicio mercantil”, defendió la jueza la postura del Estado que, a contramano de la versión de Macri, encabezaba una persecución.

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06/07/2021 (5345)