Destitución de Castillo en Peru
La hasta ayer vicepresidenta debe conformar en las próximas horas su primer gabinete ministerial y someterlo a la aprobación del Congreso. La incertidumbre reinaba este jueves en Perú en el primer día de presidencia de Dina Boluarte, quien pidió una tregua a la oposición para superar la crisis institucional luego de la fulminante destitución y detención el miércoles de su antecesor Pedro Castillo tras disolver el Congreso.
Hasta ahora vicepresidenta, la abogada de 60 años debe conformar en las próximas horas su primer gabinete ministerial y someterlo a la aprobación del Congreso, lo que permitirá tomar el pulso a la orientación de su Gobierno y vislumbrar sus posibilidades de sobrevivir a la tormenta política que la acecha desde el parlamento.
Tras una sucesión de anuncios que en pocas horas sacudieron la
institucionalidad de Perú, Boluarte fue juramentada como la primera
mujer presidenta del país y dejó claro que aspira a cumplir todo el
período, hasta julio de 2026. Sus decisiones iniciales serán cruciales
para saber si alcanzará ese objetivo, o si deberá resignarse a dar un
paso al costado y pedir elecciones generales anticipadas. En sus
primeras palabras como jefa del Gobierno peruano, llamó a la «unidad
nacional y exhortó a dejar de lado las ideologías, en tácita alusión al
enfrentamiento que marcó a fuego la relación entre el gobierno de
izquierda de Castillo y el Congreso, dominado por la derecha.
Luego
lanzó un guiño a la Organización de los Estados Americanos (OEA): Hago
un pedido muy concreto a la representación nacional, solicito una tregua
política para instalar un Gobierno de unidad nacional. A inicios de
diciembre, una misión de la OEA que monitorea la crisis política peruana
había pedido una tregua de 100 días entre el Ejecutivo y Legislativo
que no llegó a ocurrir. Perú vivió ayer horas de vértigo que terminaron
con Castillo detenido por la noche en una base policial al este de Lima,
acusado en flagrancia del delito de rebelión. Poco antes de que el
Congreso debatiera su tercer intento para sacar al presidente del poder
en 16 meses, este denunció que era blanco de «un ataque sin cuartel por
parte del Parlamento, anunció su disolución y un toque de queda, y dijo
que gobernaría por decreto. La decisión fue calificada de golpe de
Estado por sectores del país. Sin embargo, las fuerzas armadas y la
Policía no lo apoyaron, y el Congreso ignoró su decisión y procedió a
destituirlo. Desde que asumió la Presidencia en julio de 2021, Castillo,
de 53 años, vivió bajo el asedio del Congreso y la Fiscalía, que lo
acusa de dirigir una presunta organización criminal que reparte
contratos públicos a cambio de dinero.