Los chats del lawfare: El contraataque de los huemules
Uno de los jueces que viajó a Lago Escondido, Pablo Yadarola, presentó una denuncia por espionaje en los tribunales de Comodoro Py y la causa le tocó a otro participante en el tour, Julián Ercolini, quien tuvo que mandarla a sorteo. El caso quedó en manos de Ariel Lijo, quien a pedido del fiscal Eduardo Taiano ordenó bloquear el sitio web que difundió los chats del grupo. Por Irina Hauser. A lo largo de los ya famosos chats del grupo de jueces, funcionarios PRO, un exespía y empresarios del charter a Lago Escondido, aparece una idea recurrente entre ellos para disfrazar el cónclave que podía traerles problemas judiciales a los magistrados --valga la paradoja-- y a quien tuviera algún cargo público: el plan de denunciar que hubo espionaje sobre ellos. Ponerse en el lugar de víctimas. Dar vuelta la historia.
Al comienzo, la propuesta se basaba en cuestionar que se había revelado
un viaje privado, publicado por Página/12. Luego la filtración de las
conversaciones del contingente los envalentonó todavía más. Mientras
avanzaba una causa en Bariloche por posibles dádivas, tráfico de
influencias, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica que los
comprometería, el encargado de ir a la ofensiva en los tribunales de
Comodoro Py, con esa misma estrategia que figuraba en los intercambios
de Telegram, fue uno de los viajeros, Pablo Yadarola: el juez en lo
penal económico hizo, en efecto, una denuncia por espionaje en Comodoro
Py. Lo increíble fue que le tocó a otro compañero del tour, Julián
Ercolini, quien no tuvo más remedio que mandarla a sorteo. Ahora la
tiene Ariel Lijo, quien a pedido del fiscal Eduardo Taiano ordenó
bloquear el sitio web que filtró los diálogos.
Poco después de la
publicación de este diario, el 17 de octubre, que revelaba el tour
judicial-político-mediático, el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken
Velasco hizo una denuncia por posibles dádivas en Bariloche, que quedó a
cargo de la jueza federal Silvina Domínguez y la fiscal Cándida
Echepare. Además de las dudas sobre la invitación era difícil imaginar
que jueces con dominio en causas de impacto político o que atañen a
intereses empresarios se juntaran con directivos del Grupo Clarín y
hombres de Horacio Rodríguez Larreta a aprender pesca con mosca, como en
cierto momento parecieron querer inventar. A la vez, un integrante del
contingente, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro,
presentó en Comodoro Py una denuncia por la sospecha de que le habían
hackeado el celular o robado la línea. Al parecer, la jueza María
Servini no quiso intervenir en el caso.
Justo esta semana salieron a
la luz dos largas conversaciones en teoría tomadas de su teléfono, donde
se advierte que los protagonistas buscan estrategias para aparentar que
fue solo un viaje de amigos pagado por ellos mismos, para lo que traman
la emisión de facturas a su nombre y piensan como convencer a
periodistas para instalar que los espiaron en esa aventura. Hay un chat
llamado "Operación de Página12" y otro "Grupo Donatto contrataca". En
los diálogos aparecen cada vez más preocupados por las consecuencias
judiciales y la denuncia en el Consejo de la Magistratura, y hasta
amagan con denunciar al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA), José Glinski. "Nos facturan transfer, alojamiento y media pensión
(...) Y se acabó. Después hacemos denuncia x espionaje", aparece en
boca de Ercolini. "Denunciar espionaje sería muy interesante", se le
adjudica a Yadarola.
La acusación de la fiscalía
El martes
último, Echepare firmó un dictamen donde impulsa una investigación
contra el grupo, define los posibles delitos y afirma --con evidencias
recolectadas-- algunas cuestiones que le dan verosimilitud a lo que
dicen los chats que, de todos modos, ella no necesita para respaldar la
causa. Su documento muestra que, efectivamente, los jueces Yadarola,
Ercolini, el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials, el
camarista de Casación Carlos Mahiques, su hijo Juan Mahiques, jefe de
los fiscales porteños, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo
D'Alessandro, el ex funcionario de inteligencia Leonardo Bergroth y el
experto en campañas digitales Tomás Reinke, viajaron a la estancia de
Joe Lewis entre el 13 y el 15 de octubre en un avión privado, que los
recibió el presidente de Hidden Lake SA, Nicolás Van Ditmar, como
aparece en imágenes de la PSA, y que en otro avión pero de Aerolíneas
Argentinas habían llegado los directivos del multimedios Jorge Rendo y
Pablo Casey, también imputados, que se juntaron con el resto en el
aeropuerto. A la estancia se fueron en camionetas de alta gama.
El
eje de esta investigación, donde se presentó con un pedido para
querellar el Ministerio de Justicia nacional, bajo instrucciones del
presidente Alberto Fernández, es la hipótesis de que funcionarios
judiciales y políticos pudieron haber recibido dádivas, ya que el viaje
lo habría pagado el grupo de medios y hay dudas sobre el papel de Hidden
Lake, empresa a la que Mahiques padre benefició en una sentencia el año
pasado donde se discutía la usurpación del territorio. Pero, además, la
fiscalía detectó irregularidades con la emisión de las facturas de la
estadía, que se hicieron a nombre de quienes tienen cargos judiciales o
estatales (pero no de los privados) y con fecha muy posterior al viaje
(28 de octubre). No se emitieron facturas para los dos hombres que no
son funcionarios y tienen libertad de ser invitados. También habría
anomalías con las facturas de los pasajes. Los pagos aparecen al
contado, el día del vuelo. Echepare enumeró facturas por 120 mil y 60
mil pesos que le fueron entregadas a nombre de algunas personas del
grupo. Pero según informó un especialista del sector a este diario, un
vuelo charter en un Lear Jet a Bariloche cuesta alrededor de 36 mil
dólares ida y vuelta; y si el avión los esperó, seguramente más. En
función de todo esto la fiscalía ordenó medidas de prueba.
Contraofensiva
Los
integrantes del contingente se autodenominan en el chat como "grupo
huemul" en alusión a un ciervo andino en peligro de extinción. Pese al
escándalo que la sola existencia del viaje implica, y lo que pone a la
vista sobre el funcionamiento judicial --el sinceramiento de la relación
promiscua con grandes medios, la política y la disposición al armado de
causas--, algo también reflejado en el último discurso de Cristina
Fernández de Kirchner, los involucrados no dudaron en poner en marcha un
contraataque, con algo que saben hacer: generar causas. Lo hicieron
bajo la acusación de espionaje, una gran ironía en un país que estuvo
atravesado por maniobras de inteligencia ilegal sistemática durante el
gobierno de Mauricio Macri y que cierto sector de Comodoro Py --en
especial en la Cámara Federal-- consideró cuentapropismo.
La
denuncia de Yadarola fue presentada el 3 de diciembre: denunció que
había visto un tuit que aludía a una filtración de conversaciones que
estaban a la venta como pertenecientes un ministro argentino y que lo
mencionaban a él. Era el famoso chat, filtrado por el sitio
https://breached.vc, conocido como Breached Forums. Los hackers pedían
600 dólares por la información. La denuncia le tocó insólitamente a
Ercolini, que era obvio que no podía intervenir. Le pidió entonces a
quien estaba disponible, Marcelo Martínez de Giorgi, pero el lunes
siguiente se sorteó a Lijo. Martínez de Giorgi tomó medidas urgentes. El
fiscal Eduardo Taiano le pidió un informe a la División de Análisis de
Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires,
para conocer los dominios de los usuarios y cuentas por las que se
hicieron las publicaciones, así como del link patagoniafacts que subió
el contenido. Después le pidió a Lijo que mande a bloquear los sitios
donde era visible la información.
Yadarola agregaba en su denuncia
que el contenido de los chats era falso, algo que comienza a quedar en
duda por la investigación de Echepare. En el caso de esta cronista
Yadarola alude a tres mensajes enviados antes de publicar la primera
nota sobre el viaje a Lago Escondido, con el objetivo de chequearlo, que
efectivamente existieron y, tal como figura en el chat, no tuvieron
respuesta. Al margen de esto Taiano habla de una hipótesis de
"intrusión, interceptación, y/o apoderamiento ilegítimo de
comunicaciones, su publicación y difusión, que, a su entender, pudieron
afectar al magistrado y también a D'Alessandro. El fiscal Taiano admite
el pedido de Yadarola y dice que no puede descartar "una operación de
inteligencia". Ese es el objetivo de los "huemules", victimizarse, algo
que a esta altura será difícil, pero evidentemente esperan tener aliados
en Comodoro Py.
La difusión de las conversaciones filtradas, según
dos especialistas consultados por este diario, está protegida por
estándares internacionales y hasta de la Corte Suprema, por tratarse de
temas de interés público que pueden afectar al funcionamiento del
Estado. En los tribunales de Retiro dicen que están circulando otras
más, que serían complicadas para D'Alessandro. La denuncia de un
supuesto espionaje no debería detener la pesquisa sobre delitos de
jueces, funcionarios y empresarios que exhibe como pocas veces la
obscenidad del sistema de justicia y sus aliados.
09/12/2022 (6448)
