Alquileres fuera de control una pesadilla
Los riesgos de un mercado desregulado. El efecto Airbnb: Inquilinos en jaque por los alquileres "turísticos" En CABA ya hay 70.000 viviendas en alquiler temporario. Además del turismo, también se usan para esquivar la ley de alquileres. La falta de controles estatales. Por Patricia Chaina
El alquiler turístico o "temporario" tomó la plaza porteña, y se expande por el país a un ritmo vertiginoso. Entre septiembre y diciembre de 2022, entre los alquileres ofrecidos en CABA a través de la plataforma Airbnb, el rubro "viviendas completas" --no habitaciones-- , aumentó un 20 por ciento. En solo tres meses. Ya en diciembre, de 20.000 avisos publicados, 18.000 son para viviendas completas.
Esto eleva el número de alquileres temporarios a 70.000, sumando la
ofertas de todas las plataformas. Y achica el margen de viviendas
disponibles para alquileres permanentes que en CABA se estima en 530.000
hogares.
Este crecimiento de la oferta turística o temporaria no
solo desplaza la oferta de viviendas hacia la nueva modalidad, a
expensas de la Ley de alquiler temporario sancionada por la Legislatura
porteña en 2019 --muy permisiva con plataformas como Airbnb--, sino que
consolida una forma de contratación que es necesario regular desde el
Estado. Lo demuestra el avance del sector que horada el precario
equilibro conseguido a través de la Ley nacional de aquileres, de 2020. Y
lo confirman las asociaciones de inquilinos, de nivel nacional.
Denuncian además que la maniobra "deja boyando a cientos de inquilinos
permanentes” en las temporadas altas del ciclo turístico.
Hay
lugares como Tandil o Sierra de la Ventana donde los inquilinios pasan
semanas "en carpas en patios de casas de amigos". En Villa La Angostura
“se pasan días durmiendo en un coche hasta poder retomar un alquiler”,
describen. La modalidad liderada por las plataformas enmascara una llana
flexibilización del mercado inmobiliario: restringe la oferta de
vivienda permanente y fuerza al inquilino a aceptar contrataciones fuera
de la Ley nacional 27.551. El objetivo es “generar mayor renta
dolarizada”, define Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.
Por eso el alquiler turístico crece en CABA, Patagonia, en el centro del
país, en ciudades que son destino y tránsito de viajeros. Y las
inmobiliarias lo sostienen porque muchas son dueñas de departamentos y
“cuanto más corto el contrato más comisiones cobran” afirma.
Para
graficar lo complejo del panorama, Muñoz señala que el precio promedio
por noche para un alquiler temporario en CABA en septiembre fue de
11.000 pesos, en diciembre fue de 16.500. Un alquiler por mes pasó de
389.000 a 723.000 pesos. "En tres meses la rentabilidad aumentó un 80
por ciento", detalla. Y el efecto de esta renta desmedida es "un
desplazamiento de la vivienda permanente al turismo, generando alza de
precios”.
Alquileres porteños, temporarios
En CABA, las plataforma
son hoy, además de una opción para turistas, una vía de acceso a
vivienda para residentes. "Hay gente que no tiene los requisitos que
exige el mercado para alquilar una vivienda permanente”, señala Muñoz.
Habla de garantías, justificación de haberes. “Como el mercado establece
condiciones restrictivas para ellos, se van a un alquiler a corto
plazo, donde no son tantas las condiciones”. En septiembre de 2022
“había 15.603 viviendas publicadas sólo en Airbnb”, puntualiza.
“En
CABA es obligatorio por la Ley 6255 --de alquiler temporario-- registrar
las viviendas en la Secretaría de Turismo. Pero solo se registraron
250. En diciembre, la oferta superó las 20.000 viviendas y solo había
137 registradas. "Quiere decir que no hay control del alquiler turístico
o a corto plazo”, argumenta el presidente de Inquilinos Agrupados. Y
advierte que el formato se expande en la ciudad. Alarma el mapeo
georreferenciado: solo en el barrio porteño de Palermo hay 7.000
viviendas por Airbnb.
“Esto crece como forma de maximizar renta”,
define Muñoz. “Y parece que el alquiler turístico se convirtió en
alquiler a corto plazo para gente que vive en CABA”, evalúa. La maniobra
sigue la lógica del mercado inmobiliario y flexibiliza el rubro
vivienda. Si un contrato tiene que durar tres años --bajo la Ley
nacional--, aquí se puede alquilar una semana o tres meses, esto
flexibiliza el plazo. El precio, que por Ley se actualiza al año por un
índice oficial; en el contrato corto el propietario lo fija cada dos o
tres meses. Y como se cobra en dólares, se dolariza la renta.
Como
sucede con Uber, que flexibiliza las condiciones laborales de los
taxistas --señala Muñoz, también presidente de la Federación de
Inquilinos--, pero "con consecuencias un poco más trágicas porque se
trata de viviendas”, subraya. Y el fenómeno crece “sin regulación del
Estado para limitar una contratación que se extiende a todo el país”.
Pasando la General Paz
En
Bariloche el fenómeno es dramático: “Alquilan viviendas de marzo a
noviembre, y en temporada alta no hay dónde vivir”, detalla. De Mendoza a
Tierra del Fuego el cuadro se repite. En Córdoba se da en las zonas
turísticas: en Valle de Punillas o Villa Carlos Paz. También en ciudades
como Neuquén, esto deja a la población permanente atrapada por la
lógica del "temporario”. Como ocurre en Bahía Blanca, Rosario o Mar del
Plata.
En las zonas turísticas de Córdoba se están utilizando
“contratos de comodato”, señala Maximiliano Vittar, presidente del
Movimiento nacional de Inquilinos. En Carlos Paz "muchos inquilinos
terminan boyando de diciembre a marzo, porque esas viviendas pasan al
alquiler transitorio". También pasa en Bariloche, Ushuaia, en Colón,
donde se restringe la oferta en tiempo vacacional “con un condimento
complejo” --advierte Vittar-- porque en temporada alta hay más trabajo
temporario para lo locales. “Pero son los dueños de las viviendas
quienes dan trabajo, eso inhibe la denuncia porque si reclamás, te
quedas sin vivienda y sin laburo”, razona Vittar. Es una realidad
compleja: “Son localidades chicas, todos se conocen. Es difícil generar
una iniciativa de control”, explica.
En Neuquén capital, una ciudad
de tránsito para viajeros y receptora de población permanente desde
otros lugares del país, el fenómeno del temporario se potencia. “Crece
el mercado inmobiliario en edificios de lujo que están vacíos --son
capitalización dolarizada--, y el alquiler temporario toma fuerza por la
actividad petrolera y turística”, repasa Federico Prior, de Inquilinos
Agrupados. Es un lugar de paso hacia la cordillera y eso se refleja en
el alquiler temporario: “Hay retiro de ofertas, no hay reglamentación y
se elude la ley. Se hacen contratos cortos, el famoso de tres meses que
se extiende a otros tres, pero aumenta el precio”, describe.
“Denunciamos
la falta de órganos de control como la ley prevé, está Defensoría del
Pueblo, están los centros de Acceso a la Justicia, o Defensa al
Consumidor, pero en Villa Pehuenia o Moquehue, localidades con 3000
habitantes no hay lugar para el reclamo. Queda a voluntad del
propietario, y el inquilino atado a eso”, describe el referente de
Inquilinos Agrupados Neuquén. En esta provincia, además “es frecuente el
temporario porque el propietario prioriza el cobro en dólares
--argumenta Prior--, y quienes apuestan por la localidad para vivir ya
no encuentran vivienda”. En temporada baja, a partir de marzo, se
alquilan a los locales, pero por pocos meses. “Hay enfermeros, médicos,
policías o docentes, incluso trabajadores del turismo que en temporada
alta no tienen dónde vivir. Incluso hay localidades que ya no tiene
personal de salud, médicos ni enfermeros, tampoco farmacias”, suma.
La Ley porteña de alquileres
En
CABA esto se intensifica a partir de la Ley 6255, de 2019 que permite
“a cualquiera poner una vivienda en alquiler turístico, cualquier día
del año y en cualquier zona de la ciudad”, detalla Muñoz. “Esto creció
en 2017 por la caída del salario, en un mercado que sabe que puede
aumentar su renta con el alquiler temporario. Y el gobierno ha dejado en
manos del mercado la decisión de quién puede acceder a una vivienda y
quién no”, lamenta. Habla de la ciudad y lo extiende al nivel nacional
de decisiones políticas.
Esta asociación pidió reuniones a las áreas
nacionales de Turismo y Hábitat. “En Turismo acercamos propuestas como
crear un Registro Nacional de viviendas turísticas, que establezca
condiciones: tipo de vivienda, zonas, cantidad de tiempo. Y que lo
habilite el Ministerio de Turismo de Nación”. Hasta el momento, no hubo
decisiones al respecto. Para CABA, proponen modificar la 6255 y
establecer cupos de vivienda turística: también por zona y cantidad de
noches por año. “Así no quitás viviendas de barrios donde la gente
necesita vivir”, aporta Muñoz. "Pero no somos escuchados, nadie se
quiere pelear con el mercado inmobiliario --se anima--, y se desligan
del problema que dicen, depende de las provincias”.
En la ciudad
hay 1.200.000 inquilinos y cada vez hay menos propietarios. Existen
según el último censo, 530.000 hogares alquilados. Pero la oferta se
desplaza al temporario porque Airbnb --que no tiene regulación en
Argentina-- “en CABA tiene una normativa que le autoriza todo”,
denuncian. Y no se trata de problemas con la Ley nacional 27.551 como
argumenta el sector inmobiliario.
Legislación internacional
A la
Ley nacional “la peleamos mucho tiempo y salió, pero quiere derribarla”,
explica Muñoz. Hay que tener en cuenta que desde 1985 no se legislaba
el sector y esto enfrenta al inquilino, a un mercado voraz. En defensa
de esta Ley, Muñoz compara las regulaciones en otros países que son
incluso más restrictivas que la argentina “y donde la modalidad
temporaria igual crece”, añade.
Aquí por ley rigen contratos de tres
años. En España son cinco años, en Francia nueve, en Portugal es para
toda la vida. “Y la modalidad igual crece de forma terrible. Sin
embargo, en Nueva York están le poniendo limitaciones fuertes, por lo
tanto, no tiene que ver con la ley --sostiene--, y así como Uber no
tiene que ver con los derechos laborales de los taxistas”, agrega sobre
un falaz planteo comparativo que habla de “flexibilizar las condiciones
laborales para que haya más empleo”.
El mercado plantea esto “porque
busca aumentar rentabilidad sin importarle las condiciones
socioeconómicas y habitacionales de la Argentina”, asegura Muñoz. La
pregunta que tensa la trama para quienes alquilan es entonces: “¿Qué
está dispuesto a hacer el Gobierno nacional para garantizar que todos
accedamos una vivienda digna y justa?”, razona el presidente de la
Federación.
¿Quién regula este mercado?
Las inmobiliarias dicen
que la actividad se tiene que regular de acuerdo al mercado. “Y proponen
que sigamos pagando alquileres altos, para que ellos hagan más
viviendas y nosotros paguemos más alto el alquiler --explica Vittar--.
El valor de un alquiler lo tiene que fijar el Estado. Hoy no hay valores
de referencia. Así no va a bajar el precio”, afirma. “En Córdoba hay un
desarrollo inmobiliario importante, aumentó de 450.000 viviendas a
600.000 en 10 años --agrega--. Pero la población de inquilinos también
aumentó. Con lo cual no hay solución a la crisis habitacional: se
construye más, pero se utiliza para otros fines”. La capitalización
dolarizada se destaca entre estas opciones.
Construir en pesos y
dolarizar la inversión con la vivienda terminada es el circuito más
común en la maniobra especulativa. El referente del Movimiento de
Inquilinos coincide con Muñoz al considerar que “para solucionar el
problema es necesario un registro público de inquilinos y otro de
viviendas de alquiler, acompañado de un incentivo fiscal con parámetros
de referencia en materia de precios. Diferenciando los pequeños
propietarios de los grandes desarrollistas, y con un órgano de control,
fuerte”, insiste.
“La promo” del Gobierno porteño
En CABA la Ley
6.255 de 2019, registra a quienes ofrecen alquiler temporario a
turistas. Parece una medida de control. Pero el registro no implica
condiciones, sino generar información para que el Gobierno porteño
difunda las opciones al turista. “Se fomenta esto, se lo promociona, y
hoy de 20.000 avisos, hay menos de 150 lugares registrados” advierte
Muñoz. Por eso destaca la necesidad de crear un Registro obligatorio,
con límites precisos sobre "tiempo y zonas". Esto modelaría un perfil
del turismo receptivo en mayor armonía con el habitante permanente.
Una turista “argentina”
El
alquiler temporario turístico, no solo desplaza al inquilino de
viviendas permanentes. También genera alta incertidumbre para quienes
hacen turismo en el país. Mariel, una contadora mendocina que busca
alquilar cuatro días un departamento para tres personas en CABA, en
abril, está sorprendida: ¿Qué dólar toman? ¿Cuál es la forma de pago?
¿Cuánto cuesta por noche? Cada respuesta varía de un barrio a otro, de
una plataforma a otra. Y Mariel cuenta que “mirando, de chusma nomás,
cuánto cuesta un alojamiento en Chile por ejemplo, o en Brasil, en
dólares (el oficial más impuestos) y ¡es igual que en Buenos Aires!”. Se
alarma y agrega que “las inmobiliarias te cobran al dólar blue. Cuando
lo lógico sería que resulte más caro ir a otro país que viajar por
Argentina (por el tipo de cambio nuestro), para incentivar el turismo
interno por el movimiento que genera en trabajo y servicios. Pero
desafortunadamente no es así”.
El mito de la falta de viviendas
Hay
un mito construido por el mercado y el neoliberalismo que dice que
faltan viviendas en Argentina, afirma Gervasio Muñoz, de Inquilinos
Agrupados. “Aunque parezca mentira: ¡sobran!” sostiene. “Según la
población y el último censo, hay 46 millones de argentinos y 18 millones
de viviendas. Y el hogar promedio es de tres personas. Esto quiere
decir que hay 15 millones de hogares. ¡Sobran 3 millones de viviendas!”,
enfatiza.
Sin embargo “la falta” es lo que prima en el mercado del
alquiler permanente, mientras la vivienda deshabitada aumenta de forma
exponencial. "Entre 2010 y 2022 se construyeron 4 millones de viviendas,
y la población creció en 6 millones de personas, con lo cual
alcanzarían –razona--. Pero construyen para dejarlas vacías: el agro
tiene excedente en pesos, mucho, y una forma de dolarizar es construir
en pesos para dolarizar en ladrillos. Es una herencia de la dictadura,
eso y el alquiler desregulado, por una decisión de Martínez de Hoz, para
impedir que un trabajador acceda a una vivienda”. En 1980 había un
millón de viviendas vacías. En 1991: un millón y medio. En 2010 dos
millones y medio, y en 2022 más de tres millones” sintetiza.