El gobierno de Jujuy va por las protestas sociales
El gobierno de Jujuy pidió embargos millonarios y hasta 25 años de cárcel para los «responsables» de las protestas sociales El ministro de Seguridad y el Fiscal del Estado provincial brindaron una conferencia de prensa. "De ninguna manera se trata de hechos aislados, sino planeados y ejecutados por individuos violentos, organizaciones sociales y políticas", acusaron. El Gobierno de Jujuy comunicó en conferencia de prensa que comenzaron a aplicarse multas vinculadas a las protestas contra la reforma constitucional en la provincia, registrándose hasta la fecha «más de 100 procesos iniciados». «Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2 millones de pesos», señaló en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro.
Al volver a indicar que el Estado va a intervenir como querellante en la
totalidad de los procesos penales, el Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel
Rivas apuntó que se buscará «se apliquen los montos mayores de penas
previstas para cada delito», tanto para los «autores materiales,
cómplices e instigadores» y que pueden sumar «hasta 25 años de cárcel».
Dijo que se aboga por «embargar patrimonialmente a cada uno de los
delincuentes violentos» y que «se les va reclamar por los daños y
perjuicios producidos al Estado provincial», que estiman en «una suma
aproximada de 1.000.000.000 de pesos», ello referido a incendios que
hubo en inmediaciones a la Legislatura y lesiones producidas a agentes
de la policía en los avances represivos, entre otros. Los procesos
iniciados están vinculados a los cortes de ruta que llevan más de dos
semanas y las manifestaciones donde hubo represión policial, entre
ellas, la del 20 de junio pasado, cuando el gobernador Gerardo Morales,
precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por
el Cambio (JxC), presidió la jura de la reforma en medio de protestas
en distintos puntos de la capital jujeña.
En tanto, Rivas, señaló que
también viene denunciando ante la justicia local la perpetración de
delitos en todo el territorio desde el 17 de junio, fecha en la que tuvo
lugar una primera represión policial, en el corte de ruta que aún
llevan adelante comunidades originarias en el ingreso al poblado de
Purmamarca. Respecto a los distintos hechos denunciados, Rivas agregó
que «se trata de acciones ilícitas, perpetradas por personas violentas,
con una virulencia majestuosa, que realmente están atacando el orden
constitucional». Y agregó que «de ninguna manera se trata de hechos
aislados, sino planeados y ejecutados por individuos violentos,
organizaciones sociales y políticas» y que «se va a instar a que de
forma inmediata se proceda a la detención efectiva de los delincuentes».
El rechazo de los organismos de Derechos Humanos
«Cuando
los organismos de derechos humanos hablamos de criminalizar la
protesta, hablamos de esto. Defender las ideas, manifestarse, protestar,
organizar debates y clases públicas en las arterias de nuestras
ciudades no es atacar la democracia, por el contrario es defenderla»,
expresaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Regional Jujuy.
«La democracia no es votar cada dos años, eso es solo
la consecuencia, democracia es abrir el diálogo, escuchar al pueblo,
rectificar medidas cuando fueron mal tomadas o implementadas, respetar
las distintas formas de pensar y sobre todo agotar todas las instancias
para lograr consensos. Detentar el poder y ejercerlo de modo autoritario
no es democrático, por el contrario, con esa modalidad se avanza a
pasos agigantados hacia una dictadura opresora», agregaron a través de
una publicación en las redes sociales.
05/07/2023 (6929)
