Joe Lewis: Amigos son los Amigos

Joe Lewis: mientras en EEUU lo acusan en la Justicia, aquí le regalan impunidad, privilegios y hasta un lago. La amparista en la causa Lago Escondido y legisladora electa por Unión por la Patria analiza el significado de la detención del magnate. Por: Magdalena Odarda. Hace unos días conocimos la noticia sobre los cargos que se le imputan a Joseph Lewis en la Justicia de Estados Unidos por “fraude financiero” y “tráfico de información privilegiada”. Mientras tanto, a miles de kilómetros -en la provincia de Río Negro-, el trato brindado por la Justicia y el poder político al magnate inglés-norteamericano es muy distinto. La impunidad que le concedió la gobernadora Arabela Carreras, como el nuevamente electo Alberto Weretilneck, a Joseph Lewis desde hace más de una década, sigue intacta. Quien impide el tránsito libre y seguro al Lago Escondido desde hace 27 años, fue detenido y posteriormente liberado, pero no puede salir de Estados Unidos.

Mientras tanto, en Argentina Joseph Lewis no solo fue denunciado penalmente en 2012 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por cometer fraude a la ley argentina al comprar -mediante engaño y simulación-, las tierras que rodean al Lago Escondido ubicadas en área de Seguridad de Frontera, sino que, además, se ocupó de que todos los accesos al espejo de agua, se encuentren bloqueados para quienes intenten molestar su privacidad y sus jugosos negocios.
Tal fue la impunidad con la que gozó desde que puso sus pies en territorio argentino en 1996, que se le permitió construir su lujosa mansión sobre el camino “afectado al uso público” de Tacuifi, contando con la invalorable colaboración de quienes dinamitaron los puentes construidos con fondos del erario público sobre los ríos Foyel y Escondido para impedir el ingreso de “intrusos argentinos”. Todo ello bajo la atenta mirada y complicidad de los gobiernos nacional y provincial de la Argentina privatizadora de los 90.
En 2009, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro dictó una sentencia (64/2009) y otros fallos aclaratorios, que ordenan liberar los caminos existentes y preexistentes, incluso el camino de Tacuifí, para acceder al espejo de agua en cumplimiento del artículo 73 de la Constitución de Río Negro. La misma quedó firme con autoridad de Cosa Juzgada, ya que llegó a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de queja presentado por el empresario que fue rechazado por errores insalvables. El camino de Tacuifí ya figuraba en los mapas del Instituto geográfico Nacional por relevamientos realizados en 1955. A pesar de los argumentos del gobierno que protege al empresario inglés, se trata de un acceso que data de 70 años atrás, mucho antes que Lewis comprara las tierras en el paraíso cordillerano. Allí existía una escuela rancho y un almacén de Ramos Generales, y los ocupantes que hoy se oponen a su apertura, provenían en su mayoría de Chile desde donde se arreaba el ganado.
Después de 18 años, y luego de abusos y la mala fe procesal del gobierno y del empresario inglés para dilatar el cumplimiento de los recurrentes fallos judiciales (incluso el dictado en 2013 y 2022), por fin lograron que la causa judicial vuelva al Tribunal en quien confían en forma absoluta.
A diferencia de los “rebeldes” jueces que en 2009 integraban el Cuerpo, gran parte de los hoy vocales del máximo Tribunal de Río Negro, fueron denunciados por sus claros vínculos con el poder político. Es muy posible que en su fallo final a dictarse este año, obedezcan a los deseos del magnate inglés a espaldas del interés público que están obligados a proteger.
Noviembre es la fecha límite para dictar sentencia. Resulta de alta preocupación institucional que ni el “decoro” ni la “delicadeza” ni los principios de “independencia” e “imparcialidad” propio del debido proceso, fueran suficientes razones para que se “apartaran” voluntariamente del Tribunal que va a dictar un fallo de trascendencia indiscutible.
A modo de ejemplo, el juez Ricardo Apcarían fue abogado de Weretilneck y letrado de la Municipalidad de Cipolletti cuando éste fuera Intendente. A pesar de ello, asegura ser “independiente”, “imparcial” y libre de evidente influencia. Lo veremos en el fallo.
Así y después de estos 18 años en un amparo colectivo, el temerario e inconstitucional dictamen del procurador Jorge Crespo nos envía un mensaje: la causa por el libre acceso al Lago Escondido se encamina a anular la única vía de acceso que garantiza que niños, ancianos, personas con discapacidad o de movilidad reducida, puedan conocer una maravilla natural que les pertenece, además de significar la entrega lisa y llana (de hecho) del patrimonio natural argentino al capital británico. Sacrificar a los más débiles en pos de que nadie pise el cuidado césped de la mansión del magnate ni moleste la tranquilidad que requieren sus amigos para sus reuniones de “negocios” les parece imprescindible.
Pero la impunidad no termina allí.  La residencia construida sobre el camino afectado al uso público es la base para transacciones inmobiliarias o energéticas con qataríes, árabes y grupos inversores de otras nacionalidades que desfilan por la estancia en busca de agua y territorios, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios.

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29/07/2023 (6983)