Ley ómnibus: conflictos en puerta

Ley ómnibus: la marcha atrás del Gobierno, los avances con la oposición y los conflictos en puerta. Tras eliminar el capítulo fiscal, el oficialismo asegura que logrará aprobar el proyecto en Diputados. El respaldo de los gobernadores, los cuestionamientos a las facultades delegadas y los puntos que faltan definir. Por Sebastián Cazón. El recorrido de la ley ómnibus en el Congreso fue mucho más complejo que el imaginado por Javier Milei hace un mes. El proyecto quedó empantanado en medio de las diferencias con los bloques aliados y la furia de los gobernadores por las constantes amenazas de la Casa Rosada. Ante un escenario de extrema tensión, intervino la voz de mando de “El Jefe”. Karina Milei se puso al frente de las negociaciones parlamentarias para hacerse cargo del momento de mayor conflicto político del Gobierno.

. La secretaria general de la Presidencia, el viernes al mediodía, se subió a su camioneta negra y fue directo al despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para analizar el estado de situación. Tras un encuentro reservado de dos horas, asumió el delicado panorama oficialista y convenció a su hermano de que la marcha atrás era inevitable. Contrariado, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que anunciar la eliminación del capítulo fiscal. Los gobernadores aliados celebraron la medida, aunque siguen cuestionando la falta de diálogo. En el oficialismo aseguran que el retroceso permitirá avanzar el próximo martes con la media sanción. Desde la oposición afirman que todavía no hay nada cerrado y observan con particular atención el alcance de las facultades delegadas.
“Era un tema menor dentro de la ley, pero generaba toda una serie de discusiones”, expresó el ministro del interior, Guillermo Francos, sobre las postergadas medidas para reducir el déficit fiscal. El postulado contradice el apocalíptico panorama que Caputo explica puertas adentro y afuera. “El compromiso de llegar al déficit cero no va a cambiar, se apruebe o no la ley”, repite el ministro en un claro mensaje a los mercados. Lo cierto es que en el Gobierno ven con extrema preocupación que un revés legislativo desemboque en una falta de credibilidad respecto a la viabilidad del programa de ajuste. “No estoy dispuesto a negociar nada”, decía Milei horas antes de que los gobernadores le tuerzan el brazo. Sumergido en una total intransigencia, el libertario necesitó escuchar de boca de su hermana –su persona de máxima confianza– que una derrota parcial ante los mandatarios provinciales era mejor que un golpe de knockout en el recinto del Congreso. Procesado el retroceso, confían en que ahora tendrán un resultado favorable en Diputado. "No se entendería que no aprueben la Ley Bases. El que no acompaña ya está poniendo palos en la rueda", advirtió Francos.

“Nuestra intención es tratar la ley cuanto antes”, indicó ayer Martín Menem. El objetivo del oficialismo es discutirla el próximo martes en el recinto de la Cámara baja e, inmediatamente, comenzar el debate en el Senado. El proyecto diezmado no incluirá el blanqueo de capitales, la moratoria impositiva, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias, el aumento de las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria. Incorporadas las demandas de los gobernadores, en Casa Rosada esperan no tener sobresaltos. Los mandatarios provinciales dejaron atrás la amenaza presidencial de “dejarlos sin un peso”, y valoraron la marcha atrás. “Celebro la decisión. Estamos a disposición para un diálogo franco y llegar a acuerdos que reflejen sensatez y que construyan a largo plazo”, afirmó el chubutense Ignacio Torres. “Estamos de acuerdo con el norte que marcó el Presidente y vamos a apoyar las herramientas que necesite para poder llevar adelante el ordenamiento del país”, sumó el entrerriano Rogelio Frigerio. “Es correcto lo que se anunció. Nos va a permitir trabajar juntos en equilibrar las cuentas”, completó el santafesino Maximiliano Pullaro desde el festival de Cosquín.

Tras los mensajes individuales, la liga de los gobernadores de Juntos por Cambio realizó un encuentro virtual para discutir una postura unificada. Si bien no hubo una definición concreta, coincidieron en destacar los anuncios y cuestionar la falta de comunicación con el Gobierno.  
Los superpoderes

Despejada la polémica en materia fiscal, la clave del debate por estas horas es el alcance de las facultades delegadas. “Es una trampa”, señala el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. “Todo a lo que supuestamente renuncia (Milei), lo puede hacer luego con esas mismas facultades delegadas”, agrega. La diputada del GEN Margarita Stolbizer sostiene lo mismo: “Van a terminar sacando todas estas cosas por decreto”. Muchos diputados del radicalismo y Hacemos Coalición Federal consideran que el retroceso del Gobierno tapa el artículo más grave del texto que es el que le otorga “superpoderes”. El proyecto original faculta al Ejecutivo para poder legislar en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2024, con la posibilidad de prorrogarlo por otro año con aprobación del Congreso.

El rechazo en los bloques aliados es amplio, aunque mantienen distintas posturas. La Coalición Cívica, que integra el espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto, plantea una posición más dura, de eliminación total, mientras que la UCR y HCF está dispuesta a acompañar, pero limitando la cantidad de emergencias y la capacidad de acción presidencial. “Planteamos acotarla a los temas económicos, fiscales y administrativos para darle herramientas de reforma del estado”, señaló Stolbizer. En el mismo sentido, se manifestó Martín Llaryora: “Hay que delegar facultades para tener rapidez en la decisión, pero son demasiadas las que se han pedido”. El gobernador cordobés puso el foco en ese punto, aunque dio a entender que los diputados de su provincia acompañarán el proyecto en general. "La próxima semana es bisagra, hay que tener ley. Hay que sacarla", sentenció Llaryora y se comprometió a “trabajar personalmente” con los legisladores para llegar a un acuerdo.

Entre los puntos que aún no están definidos, quedan discutir las modificaciones a la ley de Pesca y los regímenes de Hidrocarburos y Biocombustibles. En las conferencia de prensa, Caputo no aclaró si forman parte o no del capítulo fiscal. También sigue el debate por la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. La exigencia de los gobernadores es que antes de traspasarlo al Tesoro Nacional sea utilizado para pagar las deudas existentes con las cajas provinciales. Respecto a las privatizaciones, si bien se sacó YPF de la nómina, aún no hay acuerdo sobre qué mecanismo se utilizará para que el Congreso las apruebe. Son muchos temas sobre la mesa.
Menos ingresos, menos gastos

Más allá de los acercamientos coyunturales, la tensión con los gobernadores continuará. La promesa presidencial de dejar a las provincias sin recursos hasta “asfixiarlas” es una realidad concreta. El Gobierno no va a ceder en su mirada fiscalista, más bien todo lo contrario. Tras el despido de Guillermo Ferraro, Caputo quedará a cargo de Infraestructura; un área clave para los mandatarios locales porque concentra, entre otras cosas, Obras Públicas y Transporte. Así, los futuros conflictos están en puerta. El ministro ya advirtió que si no se aprobaban las reformas económicas “todas las partidas provinciales se recortarían inmediatamente”. El que avisa, no traiciona.

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28/01/2024 (7387)