La ley Bases no logra hacer pie en el Senado
El proyecto insignia de Milei sigue acumulando objeciones a medida que avanza el debate en el plenario de comisiones de la Cámara alta. El Gobierno aceptaría introducir los cambios en el RIGI y Ganancias que reclama la oposición amigable, pero la interna de la Rosada con Villarruel empantanó las negociaciones. El pliego de requisitos de la UCR para acompañar y las críticas de los expositores. Por María Cafferata. Con una Victoria Villarruel corrida de las negociaciones, el oficialismo no hace pie para aprobar su Ley Bases en el Senado. Lo blanqueó el mismo Javier Milei cuando deslizó que el Pacto de Mayo podría patearse para "junio o julio", atento a que todavía falta un buen trecho para poder llegar al recinto.
Las negociaciones están, aún, en estado embrionario. Los senadores
opositores acumulan demandas y pedidos de modificaciones que Casa Rosada
recién acaba de comenzar a receptar. No hay hoja de ruta: en La
Libertad Avanza reconocen que aceptarán modificaciones en el RIGI y el
impuesto a las Ganancias, pero no hay un interlocutor oficialista que
centralice todos los reclamos. El escenario está verde y, por más que
Casa Rosada pretende instalar lo contrario, lo más probable es que el
jueves tampoco haya dictamen.
El problema que tiene el gobierno
nacional es que lo que esperaba que fuera un trámite exprés se
convirtió, por el contrario, en un parto. La metáfora no es casual: en
Diputados usaban la misma expresión para referirse al proceso de
reescritura de la Ley Bases y el paquete fiscal. Y, ahora, los senadores
—que sacan pecho y repiten que ellos no van a votar nada "a libro
cerrado"— viven la misma experiencia de desencuentros y tiras y aflojes
con interlocutores diversos con el objetivo de lograr introducir alguna
modificación a dos proyectos faraónicos. Con una diferencia: en
Diputados, Martín Menem trabajaba en equipo con Casa Rosada en la
búsqueda de acuerdos, mientras que en el Senado, Victoria Villarruel ha
sido desplazada.
La Vicepresidenta fue corrida (a la fuerza) de las
negociaciones y, en su lugar, se mueven el presidente provisional,
Bartolomé Abdala, y el jefe de bloque oficialista, Ezequiel Atauche. Dos
senadores que intercalen diferentes interlocutores —Guillermo Francos,
por un lado, y José Rolandi, por el otro— y se encrespan ante los
cronogramas caprichosos de Casa Rosada. Ambos saben que no hay espacio
para dictaminar el jueves y, por lo tanto, la posibilidad de sesionar
antes del 25 de mayo se hace cada vez más remota. Ni hablar de que
después falta la sesión en Diputados que definirá si acepta (o no) las
modificaciones: para eso falta una vida.
En principio, los alfiles de
LLA, junto a Rolandi, vienen receptando los primeros pedidos de
modificación de los senadores opositores no peronistas. Necesitan de la
firma de Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR),
Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (entrerriano ex Frente de
Todos) y José Carambia (Santa Cruz) para dictaminar y todavía no las
tienen. Los senadores exigen, primero, que les concedan algunas
modificaciones.
El pliego de requisitos de la UCR
El radicalismo
mantuvo una reunión el martes a la mañana para poner en común un pliego
de demandas. No todos acompañarán todas las modificaciones y hay algunos
más concesivos que otros —el jefe de bloque, Eduardo Vischi, quiere
acompañar todo, mientras que Lousteau o Blanco muestran los dientes—,
pero el objetivo es mostrar un frente un poco más unido que en
Diputados. A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo a
las Grandes Inversiones: Lousteau reclama eliminar el artículo 163, que
anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el
RIGI, así como medidas para proteger a la industria local frente a la
apertura de importaciones (que el régimen incluye). También se reclama
modificar el capítulo de blanqueo de capitales, de modo de incluir a los
hermanos de funcionarios en listado de figuras que no pueden acogerse a
los beneficios.
El listado es amplio y, al cierre de esta edición,
todavía se está escribiendo. Hay algunos, como Blanco, que reclaman
también modificar el capítulo de delegación de facultades o el artículo
111 que propone reducir hasta un 2 por ciento el gasto tributario
(Blanco es fueguino y el régimen especial de Tierra del Fuego está en la
mira). Propone, a su vez, introducir modificaciones en el capítulo de
privatizaciones: quiere sacar Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino
del listado y viene trabajando para conseguir dos tercios que le
permitan blindar la modificación en Diputados.
Son varios los
senadores patagónicos —como los rionegrinos o santacruceños— que no
quieren saber nada con la privatización de la línea de bandera o el
correo y, al igual que con la modificación de Ganancias, especulan con
poder hacerse de una mayoría lo suficientemente amplia que, si LLA
quiere ratificar la versión original del proyecto en Diputados, no pueda
alcanzarlos con el número. Ya que si un artículo se modifica con dos
tercios en el Senado, la Cámara de Diputados necesitará dos tercios si
quiere ratificar su propuesta original (un número imposible de
conseguir).
Tanto esta estrategia, como la reforma de Ganancias,
necesita del acompañamiento de Unión por la Patria. Es decir que la
oposición "dialoguista" necesita de los 33 votos del peronismo si quiere
imponer modificaciones resistidas por el gobierno nacional (como el
caso de privatizaciones). UxP, mientras tanto, aún no definió qué
postura adoptará. El plan es votar en contra de la ley en general y,
después, evitar la mayor cantidad de agentes libres en la votación en
particular (en RIGI, por ejemplo, ya reconocen que el catamarqueño
Alejandro Andrada y la tucumana Sandra Mendoza votarán a favor). La
lucha por las modificaciones resistidas por Milei, en cambio, aún no
está resuelta. Pero más de uno se entusiasma con contribuir a armar una
mayoría opositora de dos tercios que le genere fuertes dolores de cabeza
al gobierno.
Las críticas de los expositores
Invitados por UxP,
el radicalismo y las fuerzas provinciales, la segunda jornada de
expositores del plenario de comisiones del Senado tuvo a científicos,
abogados, directores de cine e industriales metalúrgicos desguazando la
Ley Bases. Hasta exmenemistas como Jorge Yoma —que en los 90' acompañó
las privatizaciones y que, luego, durante el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner, acompañó las estatizaciones— tomaron la palabra
para cuestionar la Ley Bases por su capítulo privatizador: "Yo privaticé
Aerolíneas. Fue una pésima privatización. Iberia vació la empresa y se
la vendió a Marsans y sus directivos terminaron todos presos", admitió y
pidió "aprender de los errores".
El constitucionalistas Gil
Domínguez, mientras tanto, cuestionó la delegación de facultades y el
RIGI: "El norte es una delegación legislativa para cambiar todo el orden
socioeconómico a través de una reforma constitucional encubierta",
denunció y apuntó con dureza contra el artículo 162 (el mismo que la
oposición busca suspender).
La reforma del Estado, que habilita a
Milei a eliminar o reorganizar organismos públicos, fue uno de los
puntos más criticados por los especialistas. Desde el geólogo y director
del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), Guillermo
Baudino, hasta el físico del Balseiro y autoridad del CONICET, Alberto
Baruj: los científicos insistieron en la importancia de no destruir el
sistema científico argentino, de defender los organismos que fomentaban
el desarrollo nacional. "Cada una de las cosa que tenemos costó
muchísimo. Cada una de las personas que están en el sistema científico
son sobrevivientes en Argentina", advirtió Baruj y finalizó: "La
modificación de todo este sistema tan complejo de manera brusca, sin
mayor debate y análisis pone en riesgo toda la enorme inversión que hizo
el país en construirlo y en permitir que actúe en post del desarrollo
de nuestras capacidades".
15/05/2024 (7586)
