En la audiencia ante la CIDH el gobierno quedo expuesto
El gobierno invocó un supuesto golpe de Estado para justificar la represión. Organismos de DDHH y organizaciones sociales denunciaron que la administración de Javier Milei impide la protesta social. Hubo cuestionamientos de un representante de la ONU. Por Luciana Bertoia. El gobierno se apega a sus cantinelas: se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para decir que el 12 de junio pasado, mientras se trataba la ley Bases en el Senado, los manifestantes intentaron un golpe de Estado. Los argumentos de ley y orden esbozados por un representante de Patricia Bullrich no conmovieron a los comisionados. Uno de ellos le recordó que Argentina tiene cuatro décadas de respeto por los derechos humanos y otro pidió concretar una visita al país para monitorear la situación de la libertad de expresión.
El 15 de abril pasado, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y
otras 100 organizaciones pidieron una audiencia con la CIDH para
analizar la situación de la protesta en el país desde que asumió Javier
Milei y Bullrich se despachó con su protocolo antiprotestas. El
encuentro se hizo este jueves y duró poco más de una hora y media. La
voz cantante del Estado argentino la llevó Alberto Föhrig, responsable
del área de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad y uno
de los hombres de confianza de Bullrich –tanto que coordinó los equipos
que preparaban su plataforma si llegaba a convertirse en presidenta. “El
protocolo bajo discusión intenta remediar una serie de falencias que ha
tenido el sistema institucional argentino y que se han agravado
notablemente en las últimas dos décadas”, arrancó el funcionario de
Bullrich. “Esta diferencia tiene que ver con el intento de tratar de
alterar el funcionamiento de los poderes democráticamente electos
mediante el uso de violencia. Esto ha ocurrido en cuatro oportunidades
desde 1983: en 1989, en 2001, en 2017 y en 2024”, siguió ante la mirada
atónita de comisionados y peticionarios.
Según Föhrig, el 12 de junio
pasado se replicó el “modus operandi” de 2017 –cuando se trató la
reforma previsional de Mauricio Macri–, que implicó una “violencia
inusitada en las calles” y los representantes de las “fuerzas
minoritarias” intentando interrumpir la sesión en el recinto. Lo que el
funcionario parece no recordar es que la violencia arrancó cuando, cerca
de las 13, la Prefectura Naval roció con gases lacrimógenos a un grupo
de diputados de Unión por la Patria (UxP).
Otro momento que generó
asombro fue cuando Föhrig desempolvó unas estadísticas para demostrar
supuestamente que los cortes de calle no son una práctica recurrente en
la Argentina. “Entre 1916 y 1996 se totalizan 45 años de gobiernos
democráticos y el corte de calles fue cero”, dijo sin ruborizarse.
Posiblemente, el 17 de octubre de 1945 se haya hecho con las patas en la
fuente pero cuidando no obstruir vías de circulación. La teoría del
hombre de Bullrich es que la práctica de los cortes de calles se inició
en 2003, obviando la metodología de lucha piquetera de la década
anterior.
El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, se mostró
ofuscado con que se dijera “livianamente” que en el país no se respeta
la libertad de expresión. Para eso, hizo algunas citas de Mariano Moreno
–mientras lo esperaban para una reunión los gremios por los 82 despidos
que se registraron en los últimos días en la Secretaría.
Al gobierno
no le fue bien, más allá de lo que denunciaron las organizaciones
locales sobre las restricciones a la protesta y la violencia
desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad. Uno de los
expositores fue el abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos (Ceprodh), que perdió la visión en un ojo
después de recibir un balazo de goma durante una movilización contra la
ley Bases.
A la hora de responderle a Föhrig, Manuel Tufró, director
de Justicia y Seguridad del CELS, contestó que el argumento de un
alzamiento contra los poderes del Estado era falso y que el gobierno
apela a la receta de la represión ante distintas protestas. Eso fue lo
que hizo, por ejemplo, cuando se pedían alimentos en el Ministerio de
Capital Humano. Dijo que, si bien se habla de violencia, no se
investigaron --sospechosamente-- los hechos violentos del 12 de junio,
como la quema del móvil de Cadena 3.
Jan Jarab, el representante para
América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (Acnudh), le puntualizó al gobierno que le preocupaba
la estigmatización de la protesta. También reconoció que le alarmaba que
el fiscal –Carlos Stornelli– usara tuits del propio Poder Ejecutivo
para pedir la prisión preventiva de 33 personas.
“Argentina tiene una
historia de respeto a los derechos de cuatro décadas”, recordó el
comisionado José Luis Caballero, relator para Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos. Pedro Vaca, relator especial sobre Libertad de
Expresión, sugirió hacer una visita para monitorear la situación en el
país.
Hubo un reclamo, además, de María Alejandra Escobar Cortázar,
de la organización CAJAR de Colombia, para que la CIDH no permita un
“efecto dominó” en América Latina. Es decir, que las políticas
represivas que impulsan Milei y Bullrich no se repliquen en otros
Estados de la región. Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S, le pidió al organismo
que le reclame al gobierno que derogue el protocolo. “La historia de
nuestro país ha generado suficiente sufrimiento para estemos de nuevo
dialogando sobre acusaciones de terrorismo y golpe de Estado”, cerró
Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.
12/07/2024 (7691)
