Crece el conflicto universitario en el país
Se define una nueva gran marcha federal. La ratificación del veto a la Ley de Financiamiento abrió una nueva etapa de lucha que generó ebullición en todas las provincias. Por Celeste del Bianco. El descontento con el presidente Javier Milei por el manejo del presupuesto universitario crece día a día en todo el país. A las asambleas y tomas que se realizaron días pasados, se suma un nuevo paro nacional docente y no docente el jueves 17, que será la previa de una semana de visibilización del reclamo. El próximo martes habrá una reunión del bloque tripartito que integran gremios, estudiantes y rectorados, en la que se definirá el plan de lucha. Una de las propuestas fuertes es hacer una semana entera de marchas regionales para principios de noviembre. Por su parte, el Gobierno Nacional envió una advertencia a los rectores y los responsabilizó de "cualquier cosa que pase".
Lejos de apaciguar el reclamo, la ratificación del veto generó una
segunda etapa de conflicto más encendida y con mayor participación en
las provincias (en algunas hubo escraches a diputados), que involucra
también a gobernadores. La tranquilidad de este fin de semana en las
universidades es la previa a días de ebullición, un nuevo grado del
conflicto que sigue escalando tras el bloqueo a la Ley de
Financiamiento. El lunes comienza la primera etapa del plan de lucha con
nuevas asambleas en todo el país en las que posiblemente se definan
tomas o vigilias, como sucedió el miércoles y jueves pasados. El martes
será la reunión entre los tres actores principales y el jueves 17 el
paro nacional del que participarán todos los gremios. Es el segundo
después de la decisión de la Cámara de diputados de legitimar la medida
de Milei, el primero fue el jueves 10 y tuvo un acatamiento muy alto. La
segunda etapa será la semana del 21, en la que se harán distintas
medidas de visibilización y profundización de la disputa, que ahora es
por el Presupuesto 2025. Queda confirmar una tercera fase que es una
gran semana de marchas regionales, en la que cada día tenga como
protagonista a una región.
Como están planteadas las cosas y la
postura innamovible del Gobierno, el conflicto va a escalar en todo el
país. “La idea es seguir dando la pelea porque sino la universidad no
tiene destino", afirmó el secretario adjunto de la Federación Argentina
de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun), Jorge Anró en
diálogo con Página 12. Una de las propuestas que se resolverá el martes
es la de una gran marcha federal, pero a diferencia de las anteriores
(que se hicieron en cada provincia), la idea es hacer una primera semana
con marchas regionales, dividir el país en cinco regiones y hacer cada
día de la semana una movilización en una sola provincia, a la que se
movilicen las universidades de la zona. Se espera que sea a principios
de noviembre y que siga una gran marcha en la Ciudad de Buenos Aires, a
la que llegue gente de todo el país.
La llama que se encendió esta
semana tierra adentro, difícilmente se apague. Este lunes se harán
asambleas en unidades académicas de todas las provincias, en las que se
evaluarán los pasos a seguir. Tras el veto, las tomas que empezaron en
la Universidad de Buenos Aires se replicaron en Tucumán, Catamarca y
Córdoba, Rosario, Santa Cruz, Jujuy, La Matanza, Tandil y Salta, entre
otras. Algunas se mantienen en estado de asamblea permanente como la
Universidad Nacional del Litoral, la de Misiones, la de Mar de Plata y
la de Avellaneda.
Además, hubo repudio a varios diputados y
diputadas. El Consejo Superior de Universidad Nac. de Salta declaró
"Persona no grata" a los diputados nacionales Julio Moreno, Carlos
Zapata y Emilia Orozco por su voto a favor del veto y a Yolanda Vega,
que estuvo ausente. Medidas similares tomaron en la Universidad Nacional
de Cuyo con los diputados libertarios Mercedes Llano, Alvaro Martínez y
Facundo Correa Llano en la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Tucumán con los legisladores del bloque
Independencia de Osvaldo Jaldo y los del PRO. En Cipolletti, los
estudiantes de la Universidad del Comahue se movilizaron hasta la casa
del diputado de La Libertad Avanza y ex intendente de la ciudad, Aníbal
Tortoriello, e hicieron un ruidazo y planfleteada.
En ese marco, el
subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una
advertencia a los rectores: "Los responsables de cualquier cosa que pase
son los funcionarios públicos a cargo, en este caso los rectores, no
pueden desaparecer y desentenderse del problema. No pueden dejar que
estos grupos extremistas tomen el control". Esto se suma a las
declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, que el jueves
afirmó que “las tomas son un delito” y que “la Justicia deberá analizar
si avanza con los potenciales desalojos de los edificios tomados”.
“Ya
ratificado el veto lo que queda ahora es la vía de los canales
institucionales y seguir reclamando por un presupuesto que nos permita
funcionar adecuadamente”, le dijo a Página 12 Martín López Armengol,
integrante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ahora la pelea
que se viene es la del Presupuesto 2025, en el que el Poder Ejecutivo
destina 3,8 billones de pesos a las universidades para el año próximo,
una cifra que representa el 50 por ciento menos de lo que pide el CIN,
que es 7,2 billones. “Además, tenemos que seguir trabajando en los
pendientes como es la recomposición salarial, el refuerzo de las
partidas vinculadas a ciencia y técnica y el sistema científico
tecnológico, además de la puesta en funcionamiento de las obras
suspendidas”, agregó López Armengol, que es rector de la Universidad
Nacional de La Plata.
Desde las casas de estudios, mantienen
reuniones con diputados y senadores para lograr mejoras en el proyecto.
Desde los bloque opositores propusieron modificaciones al Presupuesto en
lo relacionado con las universidades sin que eso afecte el equilibrio
fiscal. La Unión Cívica Radical y Encuentro Federal pedirán aumentar la
partida y quitarle el artículo que suspende la implementación total de
tres normas, entre ellas, la Ley de Educación Nacional que garantiza el
financiamiento del Sistema Educativo y destina no menos del 6% del PBI
para eso. A modo de equilibrio, para no interferir en el gasto fiscal,
proponen recalibrar las partidas que aumentaron como la de la SIDE y la
de la secretaría general.
Pero el conflicto va más allá, ahora
también interpela a los ejecutivos provinciales. Ayer, el gobernador de
Córdoba, Martín Llaryora, le pidió al Ejecutivo “que convoque y conforme
una mesa de diálogo urgente”. En un texto publicado en la red social
“X”, agregó: “Se necesitan acercar soluciones ya que el presupuesto
(...) es la mitad de lo solicitado por las universidades. Es necesario
que haya gestos de inteligencia y de humildad para llamar a la
concordia, para que las universidades dejen de estar tomadas, que los
estudiantes vuelvan a las aulas y que las casas de estudios continúen
siendo centros académicos de excelencia, formación e investigación”. En
las provincias, la situación no está para asados de festejo.
“Realmente
esto pone en jaque al sistema universitario. Si el presupuesto se
aprueba y se ejecuta, pone en riesgo seriamente el funcionamiento del
sistema universitario para el 2025”, le dijo a este diario Joaquín
Carvalho, alumno de la Universidad de Rosario e integrante de la
Federación Universitaria Argentina (FUA). Además, resaltó la importancia
de la reunión del martes entre todos los sectores para definir los
pasos a seguir. “Tenemos miradas distintas sobre el conflicto, pero
entendemos que esa unidad es la que nos fortaleció y nos hizo llegar a
donde llegamos y que si resquebrajamos esa unidad ponemos en riesgo la
resolución del conflicto”, agregó.
12/10/2024 (7864)
