Echan a 21 docentes en la universidad de la Federal
Echan a 21 docentes y anuncian el cierre de una carrera. Desde ATE denuncian que desataron una persecución ideológica. Los despedidos pasaron por la gestión kirchnerista, tienen militancia en organismos de derechos humanos y representan el paradigma de la seguridad democrática. Por Luciana Bertoia- En el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) ya no hay lugar para docentes formados en el modelo de seguridad democrático o con militancia en organismos de derechos humanos. Veintiún profesores y profesoras fueron despedidos a mitad de cuatrimestre con la excusa de que hay un cambio de paradigma en marcha impulsado desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que se trata de una persecución ideológica y le reclamaron al jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé –que había quedado en el ojo de la tormenta después de que una nena de diez años fue gaseada en una marcha en Congreso–, que deje sin efecto la decisión.
El 14 de octubre, 21 docentes recibieron la notificación de que ya no
seguirían dando clases en el IUPFA. Muchos de ellos llevaban más de diez
años en esa institución. Todos eran herederos, de alguna manera, del
proceso que se inició hacia finales de 2010 con la creación del
Ministerio de Seguridad y la decisión de Nilda Garré de que la formación
de los agentes no podía quedar únicamente en manos de las propias
fuerzas.
Los despedidos eran parte del plantel docente de la
licenciatura en Seguridad Ciudadana, creada por Garré. Todos tenían
contratos hasta el 31 de diciembre, pero en la cúpula de la PFA
evidentemente primó la lectura de que había que dar un mensaje rápido de
ruptura. “Se ve que no se aguantaron hasta fin de año”, dice uno de los
desvinculados. Lo que tienen en común los docentes despedidos es que
ocuparon algún cargo durante las gestiones del kirchnerismo o que tienen
militancia en derechos humanos. De hecho, dos de las docentes echadas
son parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Una de ellas
está embarazada. Nada de eso importó a la hora de firmar las
desvinculaciones –ni siquiera la posibilidad de afrontar juicios
laborales. Los rumores de que se podrían producir despidos comenzaron
hacia finales de septiembre. El 12 de septiembre, hubo una reunión del
consejo académico del IUPFA –que tuvo casi un carácter secreto– en el
que se habló de cerrar la carrera de Seguridad Ciudadana y de no renovar
contratos. Según el acta de la reunión a la que accedió Página/12, el
rector del IUPFA, el comisario mayor retirado Oscar Gutiérrez, marcó que
estaba en marcha un cambio de paradigma. “Remarca, precisamente, las
diferencias con el enfoque anterior basado en estrategias de prevención
social de la violencia y el delito en carácter comunitario y local. En
dicho orden de ideas, deviene necesario potenciar las ofertas académicas
ligadas al citado objetivo”, puede leerse en la minuta.
El 23 de
septiembre, Gutiérrez escribió una resolución con los nombres de las
personas que iban a quedarse sin trabajo en mitad del cuatrimestre. “Es
necesario adecuar los perfiles de los docentes que integran esta Casa de
Altos Estudios, quienes deben estar enfocados y capacitados sobre la
investigación criminal, conforme a la política y lineamientos de
formación que establece el Ministerio de Seguridad de la Nación para las
fuerzas de seguridad”, afirmó. “Para lograr tal meta –continuó el
rector– se efectuó un amplio y pormenorizado análisis de todos los
docentes que integran el plantel académico, pudiéndose determinar que
entre ellos hay muchos que no cuentan con la debida experiencia,
formación y perfil en materia de investigación criminal y crimen
complejo”. En síntesis, el argumento que daban desde la cúpula del IUPFA
era que supuestamente esos docentes no podrían formar a los estudiantes
en cuestiones vinculadas a la investigación criminal –pese a que muchos
de ellos tienen la expertise o las competencias necesarias. Es también
curioso que el rector diga que se revisaron los currículums de todos los
docentes. Es una práctica que no era especialmente común, sobre todo si
se tiene en cuenta que Isabel Correa –conocida como “Isabelita” en el
Cuerpo de Informaciones de la PFA– siguió dando clases allí hasta un día
después de que Página/12 publicó que había estado infiltrada en Madres
de Plaza de Mayo durante la última dictadura. Lo más sugestivo es que el
Ministerio de Seguridad había denunciado su caso en 2013. Según pudo
saber este diario, hay casos de docentes a quienes les dijeron que no
los podían echar pero que no los quieren frente a un curso. Hubo también
una designación de un nuevo coordinador para la carrera de Seguridad
Ciudadana, pese a la decisión de no abrir una nueva cohorte y de
terminar con las que están en curso únicamente. ATE le envió una carta
documento al jefe de la PFA, Rollé, en la que decía que la resolución
que deja sin efecto la contratación de 21 docentes es manifiestamente
ilegal e improcedente. “La verdadera motivación y causa de las bajas
mencionadas se fundan en una persecución ideológica y política a los/as
docentes afectados/as, en tanto estuvieron comprometidos con la
consolidación de una política de seguridad democrática y en respeto de
los derechos humanos, teniendo actualmente militancia activa en
organismos de derechos humanos críticos del accionar de las fuerzas en
esta gestión de gobierno”, dice la notificación que lleva la firma de
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital.
Rollé llegó a la
cúpula de la PFA por impulso de Nicolás Posse, el jefe de gabinete que
salió expulsado del gobierno de Javier Milei entre versiones de
espionaje interno y que tenía una sórdida pelea con la propia Bullrich
por el manejo de la inteligencia. Hay quienes entienden que Rollé no es
hombre de la ministra y que tiene cierto juego autónomo –estimulado por
la decisión de Bullrich de darle todo el poder a las fuerzas de
seguridad.
Poseedor de un título de abogado, Rollé no parece cultivar
el bajo perfil. Desde junio tiene una cuenta de Instagram en la que
resalta sus logros en la conducción de la PFA y postea fotos con la
ministra.
El jefe de la PFA terminó envuelto en un escándalo en
septiembre pasado después de que un efectivo de esa fuerza gaseara a
Fabrizia, que había ido a una marcha en favor de los jubilados con su
mamá. En La Nación+ y TN le atribuyeron a Rollé haber distribuido un
video falso para instalar la versión de que la nena había sido atacada
por una mujer que participaba de la manifestación o que estaba vinculada
a grupos de rescatistas o de derechos humanos. Después de que quedara
en evidencia la operación, Bullrich dijo que iban a evaluar la situación
de Rollé. Sin embargo, pasó el tiempo y él continuó en su cargo
mientras la ministra insistía en que iba a aportar a los tribunales una
nueva filmación.
25/10/2024 (7883)
