Uno de cada dos funcionarios designados no cumple los requisitos
El 46% de los funcionarios nombrados por este gobierno no cumple los requisitos mínimos.Uno de cada dos funcionarios designados no cumple los requisitos de contratación. El Gobierno anunció que tomará un examen de idoneidad a 40 mil empleados estatales en diciembre. De su aprobación dependerá la continuidad laboral. Sin embargo, en octubre, de los 126 funcionarios designados, 74 están exceptuados de cumplir los requisitos mínimos establecidos por Convenio, lo que implica el 58%. Desde diciembre,de los más de 1.700 cargos oficializados, 780 gozaron de esas excepciones, lo que incluye al 46% de los nombrados. Por Agustina Bordigoni. Desde que asumió, entre designaciones, renuncias y reemplazos, el Gobierno publicó más de 1700 nombramientos.
Según un relevamiento que hizo PERFIL en base a las disposiciones del
Boletín Oficial, más de 780 funcionarios están exceptuados de cumplir
los requisitos mínimos de contratación, como un título universitario o
experiencia en puestos similares. Esto representa un 46% del total de
quienes ingresaron desde el 11 de diciembre de 2023. Hace unas semanas
el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que "en línea con la
racionalización del Estado que se viene haciendo desde el principio de
la gestión, el Gobierno nacional ha decidido tomar un examen de
idoneidad estandarizado para 40.000 empleados de la planta transitoria y
contratados” que trabajan en distintas dependencias de la
Administración Pública Nacional. Y agregó que “esto está establecido en
la ley Bases y va a ocurrir en diciembre, cuando estos contratos
vencen”. Efectivamente, el 5 de agosto el Gobierno publicó la Resolución
695/24 que reglamentó la modificación de la ley de Empleo Público
(25.164). Ese mismo día, el Ministro de Desregulación y Transformación
del Estado explicó en su cuenta de la red social X que esta modificación
incluye “un examen objetivo de competencias”, que “deberá rendir cada
empleado público que ingrese”. En el mismo posteo celebró la medida como
una disposición “anti ñoquis” que va en el sentido de “evitar la
interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen
disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de
ordenamiento del Estado”.
Mientras tanto, el 58% de los funcionarios
designados por el Gobierno solamente en el mes octubre no cumple con lo
establecido en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo para
ocupar esos cargos, o al menos la exclusión de tener que cumplir con
esta regla consta en 74 de las 126 disposiciones de este mes. La
experiencia laboral acreditada, el título universitario o la
especialización profesional figuran entre los requerimientos mínimos
indispensables. Por otro lado, también figuran, aunque en menor medida,
otras particularidades en las reglas de contratación. Entre las más
frecuentes aparece la de eximir a quienes ocupan altos cargos del
cumplimiento del “artículo 5 inciso f) del Anexo de la Ley Marco de
Regulación del Empleo Público Nacional”. Esto significa que los
funcionarios están exentos de cumplir con la ley que determina que están
inhabilitados para ingresar a esos puestos quienes “tengan la edad
prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas
personas de reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al
régimen de estabilidad”.
En contrapartida, para el resto de los
empleados estatales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del
Estado dispuso esta misma semana, en la Resolución 3/2024, “intimar, en
un plazo no mayor a TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de
la presente resolución, al personal que reúna las condiciones
establecidas en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 a iniciar los trámites
administrativos a fin de ingresar al sistema previsional”.
El Gobierno dijo que se hará un examen objetivo de competencias para empleados
La
decisión de obligar a quienes cumplan con la edad y años de aportes
necesarios para jubilarse afectaría, estiman, a 10.000 personas. La
medida está fundamentada, según la resolución oficial, en la emergencia
pública en materia administrativa, económica, financiera y energética
declarada por el plazo de un año en la ley Bases y en la “reorganización
administrativa” que esa norma estipula.
Según el último informe del
Indec sobre la Dotación de personal de la administración pública
nacional, empresas y sociedades del Estado, de diciembre de 2023 a
agosto de este año la cantidad de personas que trabajaba en estas
dependencias pasó de 341.473 a 309.849, lo que implica una baja de
33.504 puestos.
En promedio, el Gobierno designó, en el mismo periodo, a 8 funcionarios por día.
27/10/2024 (7885)
