El enigma de la ley de medios
Néstor Piccone y Marcelo Valente plantean que es necesario impulsar políticas de comunicación que reflejen la diversidad cultural a partir de financiamientos que independicen la producción de contenidos de la dinámica comercial asentada en la pauta publicitaria. María Graciela Rodríguez recupera un concepto de Foucault para proponer una reflexión sobre las vigilancias paralelas vigentes en nuestra cultura cotidiana.
Por Néstor Piccone y Marcelo Valente *
El enigma de la ley de medios
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA/26.522) reposa en dos pilares: la desmonopolización y la construcción de un modelo comunicacional con multiplicidad de voces. La adecuación de los grupos mediáticos al texto legal –luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la constitucionalidad de la norma el pasado 29 de octubre– es un gran paso hacia la desconcentración del dispositivo tecno-mediático. Sin embargo, el salto de calidad para que este dispositivo deje de conducir la producción de sentido y definir el estatuto de lo real en términos de representación social es todavía una asignatura pendiente, un enigma sin resolución.
Luego de más de cuatro años destinados a desmontar el andamiaje judicial armado por el Grupo Clarín y ponerlo en caja con la fuerza de la movilización y las acciones del Gobierno, ahora el desafío es facilitar a estos actores su integración como protagonistas del nuevo mapa de medios. Para ello, la LSCA faculta al Poder Ejecutivo Nacional (artículo 153) a instrumentar políticas públicas estratégicas destinadas a fortalecer el desarrollo sostenible del sector audiovisual. Es decir, promover acciones con el fin de que las expresiones de la multiplicidad muestren un equilibrio entre desempeño técnico y contenidos, tópicos decisivos para que la comunicación popular pueda disputar sentido y audiencia desde parámetros de calidad con lenguajes y formatos que refuercen lazos identitarios locales y nacionales.
Los concursos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) auspiciados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios son, por cierto, una referencia para la construcción del modelo inspirado en la pluralidad de voces. Estas iniciativas permitieron la edición de cientos de horas que alimentaron el Banco de Contenidos Audiovisuales (Bacua), a disposición de las emisoras de todo el país. Lo mismo sucede con las promociones del Centro de Producción e Investigación Audiovisual (Cepia) de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Sin contraponer las líneas de fomento mencionadas –y en la continuidad de esa experiencia, de la que también es tributaria la Televisión Digital Terrestre–, ya es tiempo, a nuestro entender, de implementar políticas formuladas desde la perspectiva de la comunicación como servicio público orientadas a fortalecer las capacidades de las empresas de comunicación de gestión privada sin fines de lucro (sector al que la ley reserva un 33 por ciento del espectro radioeléctrico) para que, junto a las expresiones de los pueblos originarios y las micro y pequeñas empresas de arraigo local, vinculen producción de contenidos con pantalla, atendiendo a los intereses de las comunidades de origen.
La idea central es poner en vigencia lo que la LSCA establece para que los argentinos más alejados de los grandes centros urbanos dejen de ser meros consumidores de contenidos producidos por el dispositivo tecnomediático desde el centralismo porteño. Así se trata de hacer efectiva la federalización de la producción de contenidos sobre la base de una capacidad de gestión que contemple los distintos planos involucrados en el desafío de hacer sostenible una comunicación popular y democrática de calidad, producida, además, por trabajadores encuadrados dentro de la legislación laboral.
En tal caso, un nuevo paradigma comunicacional que refleje la diversidad cultural de la Argentina requiere de criterios de financiamiento que “desacoplen” la producción de contenidos de la dinámica comercial asentada en la pauta publicitaria.
Definir, por tanto, la arquitectura institucional y la estructura de financiamiento que coadyuven a la sostenibilidad del sistema plantea la necesidad de un debate tan importante como lo fue el de la propia ley. El objetivo: identificar propuestas innovativas que combinen distintas fuentes de fomento y sostén existentes con otras que, incluso, pueden contemplar el aporte del sector privado.
Una palabra acerca de la arquitectura institucional del sistema. El activismo del Estado para hacer posible y visibilizar los relatos que reflejen a nuestra sociedad en su complejidad y diferencias debe considerar la existencia de una plataforma con facultades para desarrollar la comunicación pública no estatal.
Obviamente, capacidad de gestión y compromiso con las ideas fundantes de la LSCA son factores decisivos para alentar un nueva industria cultural que permita la creación de empleo y el fortalecimiento de la cultura e identidades regionales.
* Integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática.
Por María Graciela Rodríguez *Pagina 12
30/04/2014 (1899)
