La Radiodifusión popular en estado de emergencia
La Radiodifusión popular en estado de emergencia
Este 27 de agosto se cumplen 96 años del nacimiento de la radio en la Argentina y 12 años desde la proclama fundacional de los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática, que se convirtieron cinco años después –con la sanción de la Ley 26.522 en una norma ejemplar sobre libertad de expresión a nivel internacional.
Este sábado, también, se cumplen 242 días de la sanción del primer decreto “temporario”, de necesidad y urgencia, que el actual gobierno dictó para someter a los organismos de aplicación y control a la voluntad gubernamental y al negocio de las telecomunicaciones.
Nació libre y gratuita
Esencialmente libre y gratuita en su recepción, la radiodifusión está ahora amenazada por una tormenta perfecta de entrega del espectro radioeléctrico a operadores de servicios pagos de televisión, telefonía e internet, al abandono de política públicas de promoción de la radio y la televisión abierta y a un cepo administrativo que paraliza la puesta en marcha de nuevas emisoras, el otorgamiento de licencias y el llamado a nuevos concursos.
Hoy en libertad condicional
La actividad se encuentra entonces bajo
libertad condicional, producto de la supresión de normas democráticas,
autoridades elegidas a dedo y reglas de juego nada claras para la
inmensa mayoría de los radiodifusores. Los entes de control han sido
gubernamentalizados y los órganos deliberativos y participativos –como
el Consejo Federal directamente suprimidos.
Gestión de facto
Los
hechos de la gestión de facto del ENACOM, autoridad creada por Decreto
para reemplazar a los organismos plurales creados por dos leyes
nacionales (26.522 y 27.078) desmienten la apelación a la pluralidad y
participación invocadas en los Principios enunciados por el nuevo
organismo para orientar la discusión sobre una ley de operadores
convergentes de radiodifusión y telecomunicaciones.
Dderecho humano
La
Corte Suprema de Justicia acaba de poner nuevamente sobre la mesa el
principio constitucional de la participación social y sectorial en el
debate de los temas de interés público. El derecho a la comunicación
empieza y termina en el ciudadano, como lo reafirmó la propia Corte en
2013, en ocasión de discutirse la constitucionalidad de las medidas que
limitaban la concentración monopólica de los recursos de la comunicación
social. Lo que está en juego es la dimensión individual y colectiva de
la libertad de expresión, con un rango equivalente al derecho al acceso a
insumos básicos para la población, como son los servicios energéticos.
Nueva ola de privatizaciones
Corporaciones
nacionales e internacionales anuncian planes de inversión en ausencia
de un marco jurídico democrático y republicano. Esta puja empresaria
coloca de nuevo al ciudadano como simple mercancía y amenaza conquistas
históricas –como el acceso a contenidos deportivos de interés
relevantemediante una nueva ola de privatizaciones.
Vamos con los nuevos 21 puntos
Por
todas estas razones, que sintetizan un conjunto de arbitrariedades
orientadas a considerar la comunicación como un mero recurso económico
ajeno a la calidad de las instituciones de la democracia, es que la
Coalición por una Comunicación Democrática llama, en este aniversario, a
redoblar los esfuerzos y unir las fuerzas en defensa de la
radiodifusión como instrumento primario del derecho a la libertad de
expresión y reafirma su campaña por los Nuevos 21 Puntos para una
Comunicación Democrática en todas las plataformas.
26/08/2016 (2513)
