Reflexiones sobre la inseguridad ante el delito.
Impotencia, ante los problemas que la desbordan desempleo, pobreza, inflación, recesión, ancianidad y niñez desatendida, corrupción en el Estado, inseguridad ante el delito y tantos otros.
Temor, fundamentalmente, ante un futuro que no se puede vislumbrar de manera positiva.
Por si fuera poco, en medio de todas esas vivencias, opera casi de manera instintiva un “sálvese quien pueda”, que agudiza el cuadro de situación y tiende a generar salidas individuales, por sobre la búsqueda de soluciones integrales y solidarias.
No es el caso de este artículo profundizar toda la temática sugerida, pero sí poder detenernos en uno de los aspectos señalados como disparadores de vivencias negativas, cual es la inseguridad que se genera por la violencia delictiva que hiere y preocupa a la comunidad.
El Estado y el delito
El delito cotidiano produce en la población
una primera reacción defensiva, por lo que se tiende a proponer
acciones inmediatas de naturaleza, particularmente, represiva y
punitiva, pero solo a partir de la óptica de las consecuencias, sin
reparar demasiado en las causas que estructuralmente generan, en gran
medida, las actitudes delictivas.
Resulta difícil imaginarse una
disminución significativa de los asaltos, de la rapiña callejera, de los
robos domiciliarios, etcétera, si no se trata de encarar soluciones
superadoras al contexto de escasa oferta de trabajo, de las malas
remuneraciones, de extrema pobreza, de una inadecuada educación en
contra de la violencia y de una falta de convicción y eficiencia en la
lucha contra el alcoholismo y la drogadicción.
Asimismo, la
posibilidad de ser víctima de delitos divide a la sociedad, porque dada
la problemática, hay sectores que pueden defenderse con mayor eficacia
que otros. Los que tienen posibilidades económicas pueden arbitrar
mejores soluciones para custodiar su patrimonio y su integridad física.
Para ello cuentan con custodia para entrar y salir de la casa, pagan
costosos sistemas de alarmas, mantienen un buen perro, habilitan cámaras
de vigilancia, abonan la cooperadora policial, tienen seguros por
robos, contratan control satelital del desplaza-miento de vehículo o
personas, etc. Lo que aumenta la brecha respecto de quienes no pueden
pagar para acceder a dichos resguardos.
Nos tiene que doler saber
que los robos, muertes y violaciones en las villas miseria o en los
asentamientos marginales, son delitos impunes en los hechos, porque el
Estado, prácticamente, no los previene, ni toma las denuncias, ni
investiga y menos los juzga.
Además, los costos extras en
seguridad que se tienen que asumir, implican, en sí mismos, una nueva
carga fiscal injusta, por un servicio que el Estado debe cubrir, en
forma debida a todos, porque ya se abonó con los impuestos.
Defensa o venganza
Por
su parte, en el desconcierto que trae el miedo y la inseguridad ante el
delito, es difícil que se distingan acciones racionales de protección
ante un peligro, con reacciones irracionales de venganza.
Muchas
veces, en la psicosis colectiva que se apodera de la ciudadanía, se
confunde con facilidad la legítima defensa aceptada y justificada legal y
moralmente con el ejercicio de justicia por mano propia.
En una
sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos es inaceptable
que se justifique ejercer justicia por mano propia, habilitar el
gatillo fácil policial o lichamientos colectivos. Solo la persecución
del delito, ejercida desde la ley y por quien está autorizado para ello,
respetando los derechos de todos, es el signo de civilización que nos
permite diferenciarnos de la barbarie.
Mientras tanto el Estado,
tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y proponer planes
adecuados y constantes de prevención y represión del delito y no
limitarse, las más de las veces, sólo a deslindar responsabilidades. Es
necesario un enfoque integral del tema. Los verdaderos problemas del
delito organizado siguen sin encararse plenamente.
Falta mucho
todavía por hacer, pero es evidente que solo desde el diálogo, con una
comunidad consciente de sus deberes y sus obligaciones en la
problemática, con una Policía profesional, equipada y prestigiada en la
calidad de sus hombres y mujeres, con reconocimiento social y económico
por su tarea y una Justicia eficaz y expeditiva desde la ley, se podrá
pensar en mañanas mejores, que permitan, sin ingenuidades pero con
esperanza, superar la desconfianza y la inseguridad instalada ante el
delito. Eso nos hará ser más y superar los miedos.
Dr.Miguel Julio RODRÍGUEZ VILLAFAÑE
Abogado constitucionalista y periodista
miguelrodriguezvilla@arnet.com.ar
14/12/2016 (2595)
