Ley de ART (a punto de caer)
Ley de ART (a punto de caer) obliga a Gobierno a mirar hacia la Corte
• NORMA CLAVE PARA EL OFICIALISMO APUNTA A SER DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA JUSTICIA DEL TRABAJO
El Gobierno perdió una batalla que podría costarle la guerra en torno de una de las leyes consideradas medulares para la administración Cambiemos. La reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo que impuso la obligatoriedad de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como paso previo a iniciar cualquier juicio laboral ingresó en un terreno pantanoso del que podría salir anulada, en un revés judicial inesperado. Con ese escenario como el más probable, el oficialismo deberá jugar todas sus fichas a la Corte Suprema de Justicia para que tenga la última palabra. De fondo se tratará de un round más entre la Casa Rosada y los tribunales laborales, a los que el presidente Mauricio Macri apuntó como un engranaje más de la denominada industria del juicio, algo que sulfuró a los magistrados.
La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el
último intento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para
apartar al juez Alejandro Aníbal Segura del trámite de dos amparos
contra la nueva ley de ART. La recusación "con causa" había sido
intentada luego de que el magistrado a cargo del juzgado del Trabajo
N°41 declarara "inconstitucional e inconvencional" el Decreto de
Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo había avanzado en la
implementación de la modificación. Ante la inminente caída del DNU y con
la sanción de la ley en sesión extraordinaria de la Cámara de
Diputados, se apuró a promulgarla para evitar un vacío legal. Sin
embargo, las impugnaciones sobre esa norma aprobada por el Congreso
volvieron a concentrarse en su juzgado. Con ese antecedente, la
Superintendencia buscó correr al juez alegando que había adelantado
opinión sobre el fondo de la cuestión. Segura lo dejó claro cuando anuló
el 22 de febrero el artículo 1° del DNU y advirtió que "lo sustancial
no se modificará un ápice para cuando ésta esté promulgada y publicada
porque son irremediablemente inconvencionales e inconstitucionales". De
todas formas, el juez rechazó además el argumento de prejuzgamiento que
invocaba el Gobierno y la Sala VII -con la firma de Néstor Rodríguez
Brunengo y Estela Ferreirós- le dio la razón al remarcar que para que
esa causal se produzca, la opinión debía "anticipar de manera inequívoca
el resultado del litigio". Tampoco aplicaría cuando se trate de una
sentencia de un caso a su cargo. Y deslizó que el mecanismo debe ser
taxativo porque si no se transforma en una vía espuria para la elección
de jueces. La fiscalía se había pronunciado en el mismo sentido, por lo
que el fracaso complicó el trámite del expediente para las aspiraciones
oficiales.
Los dos expedientes acumulados en el juzgado de Segura
son de otro de los verdugos de la ley de ART: el presidente del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo. Su
amparo a título personal y otro en nombre del CPACF, sembrados apenas se
promulgó la Ley 27.348 serán sobre los que se pronuncie el juez. El
pronóstico es poco auspicioso para la Casa Rosada que tendrá que dar por
descontado un revés en primera instancia. Pero el escenario podría
repetirse incluso ante una eventual apelación. La Sala III de la Cámara
del Trabajo deberá revisar esa decisión. Ese tribunal está presidido por
la camarista Diana Cañal a quien el Ejecutivo denunció ante el Consejo
de la Magistratura en su cruzada contra los jueces laborales. Le
reprocharon, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM),
haber dictado una cautelar que ordenaba la reinstalación de 9 despedidos
de la exAFSCA. Junto al camarista Luis Raffaghelli le pidieron el
juicio político. Esa furiosa decisión se vuelva ahora en contra de
cualquier vaticinio auspicioso.
Indefectiblemente, el Poder
Ejecutivo deberá apostar sus fichas a una decisión final de la Corte
presidida por Ricardo Lorenzetti. El máximo Tribunal ya envió guiños
hacia la puja que el Gobierno entabló con el fuero laboral a través de
diversos fallos donde deslizó cuestionamientos a su accionar. El último
apuntó contra la Sala VII al revocar una de sus sentencias y establecer
que no podían fijar el monto de una indemnización por accidente laboral
apartándose del cálculo establecido en la ley de Riesgos de Trabajo. Fue
interpretado como un freno a las decisiones judiciales que el Gobierno
no se cansa de cuestionar públicamente como una causal de ausencia de
clima para fomentar inversiones. Según los datos del propio fuero, hubo
un incremento exponencial de demandas en los últimos meses.
No
será el primer revés para la ley de ART que para casos puntuales ya
había sido declarada inconstitucional, por ejemplo, en el Juzgado del
Trabajo N° 42 que consideró que el paso obligatorio por una instancia
administrativa como son las comisiones viola el principio de "acceso a
la Justicia" por lo que desestimó su competencia previa y habilitó la
intervención directa de los tribunales laborales. Sin embargo, ahora se
dirimirá el amparo más importante en representación de los abogados que
representa Rizzo y que agrupa el Colegio Público.
El Gobierno no
logra perforar el dique legal que le están imponiendo desde tribunales.
En medio de la puja, la Superintendencia intentó crear un registro para
conocer qué abogados litigan argumentando la inconstitucionalidad de la
ley de ART en casos específicos. Los laboralistas lo consideraron una
avanzada de "listas negras" de letrados. Una cautelar suspendió el
registro al menos por 6 meses.
18/09/2017 (2754)
