PAREMOS LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA Por el Dr. Rodriguez Villafañe
En el tema, en general, para la ciudadanía, no se le informa claramente aspectos básicos de la problemática.
Aún más, en la reciente campaña electoral, el consultor del partido Cambiemos Durán Barba, recomendó que no se hablara de las cuestiones económicas en la campaña y en ello, por supuesto, no había que hablar del endeudamiento externo. La ciudadanía, por ende, fue a votar sin tener conocimiento sobre las posturas, en materia de deuda externa, de los candidatos por los que votaba.
Eso sí, en todo momento, se enseñó y enseña, didácticamente por todos los medios, que siempre contraer deuda externa es “símbolo de confianza en el país, que de esa manera entramos al mundo”, aunque no se dice que, mu-chas veces, ello se produce tomando créditos con intereses usurarios contrarios al bien común de la nación o arrodillándonos a “fondos buitres” que, con avidez usurera, reclaman montos ilegales. Esto último sucedió, por ejemplo, en el arreglo que el gobierno nacional hizo con dichos fondos, en el que se aceptó pagar las costas del juicio que ganó Argentina por el embargo indebido que nos hicieron, en el año 2012, de la Fragata Libertad, en el país africano de Ghana.
A su vez, se contrae nueva deuda para pagar deuda vieja, en muchas ocasiones en condiciones más perjudiciales que la anterior deuda que se dice cancelar y por el contrario se la aumenta, aunque sólo se dilata el pago. Y el ingreso de los dólares, los que realmente llegan al país, en definitiva, terminan sirviendo para sostener la constante fuga de capitales, en la bicicleta financiera que se está produciendo.
Lamentablemente, en general, con esta lógica de endeudarnos constantemente coinciden el oficialismo y parte de la oposición en Argentina. Y la aplican, tanto el gobierno nacional como algunos gobiernos provinciales y municipales.
Para colmo, muchos personeros de los intereses financieros y diversos medios de difusión pretenden convencernos, que no hay nada mejor que seguir pagando deuda externa, sin cuestionar las ilegitimidades que hubiera. Así, se nos prepara para seguir siendo deudores dependientes eternamente, de los criterios condicionantes de los prestamistas. En ese encadenamiento a futuro la Nación acaba de tomar un crédito por un monto de 2.750 millones de dólares a 100 años, que implica el endeudamiento por seis generaciones, garantizándoles a los acreedores prestamistas un excelente negocio, ya que se pagaran 19.600 millones de dólares de intereses, con independencia de las situaciones que pudieran darse en ese tiempo en el mundo.
Contratos secretos
A su vez, las deudas que contrae el Estado Nacional se concretan en contratos con cláusulas de confidencialidad que ocultan al pueblo aspectos perjudiciales para el país. Contratos en los que además, entre otras condiciones graves, se obliga a resignar la actuación de la justicia argentina y se delega la jurisdicción en Tribunales de Nueva York o Londres. Recordemos lo que nos hizo padecer el juez norteamericano Thomas Griesa, que actuó como la mano dura de los “fondos buitres”, en contra de Argentina.
Por su parte, el Presidente Mauricio Macri en el Proyecto de Presupuesto para el 2018 presentado al Congreso se lo autoriza a contraer más deuda externa, de lo que resulta que en tres años del actual gobierno nacional se incrementará la deuda en mucho más de 120 mil millones de dólares. Ello equivale a un endeudamiento de 120 millones de dólares por día del actual gobierno nacional. Todo lo que llevará a la deuda externa de Argentina a 375 mil millones de dólares, sin contemplar en ello que hay que sumar, por ejemplo, las deudas de los organismos y empresas estatales nacionales y otros.
A lo dicho debemos agregar que, en el proyecto de presupuesto para el 2018 presentado, también se prevé dedicar el 30% del gasto de funcionamiento del Estado Nacional sólo para el pago de intereses de la deuda externa. Es-te gasto es el más importante del presupuesto del año que viene y crece constantemente, a razón de más de 1.000.000 de dólares por hora.
Por supuesto que esto es en perjuicio de los gastos necesarios en mate-ria de salud, educación, seguridad, justicia, jubilaciones y pensiones, inversiones en ciencia y técnica, etc. Así, en esto, todo resulta tramposo. Por un lado se dice que hay que bajar el déficit fiscal y en ese objetivo, el Estado precariza el trabajo estatal, quiere aumentar la edad de jubilación y bajar sus montos en los cálculos de actualización, eliminar prestaciones básicas como los medicamentos a los jubilados y se sacan los subsidios a servicios. En esto último, se justifican aumentos al gas, a la electricidad, al agua, a la telefonía, al transporte, etc., que se transforman en alzas desmedidas de los costos, -los llamados “tarifazos”-, que han perjudicado, especialmente, a las economías hogareñas y particularmente, a las pequeñas y medianas empresas. Mientras que las su-mas que se dicen ahorrar, en realidad, se destinan a pagar los intereses de la deuda externa, ya que eso es el mayor determinante del déficit fiscal, lo que se oculta y no se dice.
Paremos la deuda
Conscientes de los efectos negativos y peligrosos que tiene lo antes referido, acabamos de conformar un grupo denominado “Convocatoria Nacional Paremos la Deuda”, que integro y en el que están, entre muchas otras personas versadas y preocupadas en lo que sucede como Adolfo Pérez Esquivel, Alcira Argumedo, Alejandro Olmos Gaona, Ana Rameri, Beverly Keene, Claudio Lozano, Mario Cafiero, Héctor Giuliano, María Elena Saludas, Héctor Polino, Nora Cortiñas, Tomás Raffo y más. Al grupo también se han sumado diversas organizaciones sociales y políticas.
Nos autoconvocamos “para instalar en el centro de la preocupación nacional este drama, hacer visible sus impactos en la vida cotidiana de la población -incluyendo las nuevas exigencias de privatizaciones y reformas educativas, de salud, laborales y previsionales- y volver a situar cuestiones fundamentales tales como su legitimidad y legalidad, el papel de la deuda privada, la especulación financiera y la fuga de capitales, la imperiosa necesidad de un censo de quienes dicen ser acreedores y la exigencia de una auditoría que permita saber si somos verdaderamente deudores y establecer estrategias respecto de los presuntos acreedores”.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista
y periodista columnista de opinión
02/11/2017 (2828)
