PERSONERÍA JURÍDICA MATRÍCULA 32264
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Convergencia-Frazada corta-Por Luis Lazzaro

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Medios y comunicación
Frazada corta-Por Luis Lazzaro
Luis Lazzaro cuestiona el anuncio gubernamental sobre el envío al Congreso de una “ley corta” en materia de televisión satelital porque llega tarde y mal y porque antes debió consensuarse una ley de comunicaciones convergentes que cumpla los mandatos constitucionales.
El anuncio gubernamental sobre el envío al Congreso de una “ley corta” en materia de televisión satelital llega tarde y mal. Tarde porque antes debió consensuarse una ley de comunicaciones convergentes que cumpla los mandatos constitucionales en la materia y establezca las reglas generales. Mal porque su anuncio solo revela la incapacidad del gobierno para ordenar el oligopolio que su propia gestión ha consolidado.

El artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional es bastante claro. Dice  que le corresponde al Congreso dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. La mera lectura de este criterio expone la inconstitucionalidad de los decretos del Ejecutivo que confiscaron en 2015 el espacio cultural y audiovisual de los argentinos. También desnuda el silencio cómplice del Legislativo, que ignora su propio mandato.
El decreto 267/15 y otras medidas de “urgencia” de carácter posterior convirtieron el sistema audiovisual de mayor penetración en la Argentina en una simple transacción tecno/económica regida por un cartel de operadores de televisión paga que dominan el mercado. De esa manera se sustrajo toda tutela especial sobre las expresiones informativas y culturales, en tanto derechos individuales y colectivos, que regulan la conversación pública en una democracia.
Se desmantelaron al efecto dos leyes (26.522 y 27.078) que consideraban a los medios audiovisuales y las plataformas de conectividad de las TIC (tecnologías de información y comunicación) como instrumentos para el ejercicio del derecho a la comunicación. El pretexto oficial sobre modernización y convergencia tecnológica naufragó cuando se constató que la única razón del decreto era liberar a Clarín del compromiso de adecuar su tamaño para competir en audiovisual mientras le servían en bandeja el ingreso al mercado de las telecomunicaciones mediante la fusión con Telecom. En el mismo acto le pusieron un cepo por tres años a Telefónica y Claro para bloquearles el ingreso a la TV paga.
Es así que el Gobierno dejó en manos corporativas y sin tutela jurídica el sistema de acceso a bienes y servicios de la cultura, los eventos de relevante interés público y la información, en momentos en que los programas televisivos parecen guionados por los servicios de inteligencia y abunda la ficción extranjera.  
La fiesta aún debe pasar un control de constitucionalidad espinoso, considerando el fallo de octubre de 2013 de la Corte Suprema de Justicia (Grupo Clarín y otros c/ Poder Ejecutivo) y los tratados internacionales incorporados a la Constitución, aunque ya se sabe que la veleta judicial gira con los vientos. La Corte debería abocarse nuevamente al tema si prospera un per saltum presentado a la justicia por organizaciones de la sociedad civil, así como un recurso interpuesto por medios comunitarios afectados.
Argentina lidera con el 78% la penetración de TV paga en América latina, según la consultora Business Bureau (BB). En ese negocio, la megafusionada controla un 40% del mercado y también podría pararse ahora con Telecom en el satélite, según la “ley corta” del Ejecutivo. La nueva empresa también maneja el 68% de los servicios de banda ancha fijos (Fibertel y Arnet), 40% de la banda ancha móvil, 40,9% de la telefonía fija y 30% de la telefonía móvil (Nextel y Personal). Dentro de las plataformas Over The Top (OTT) Cablevisión Flow lidera la oferta regional con 224 señales en vivo, según BB. En esa conversación es donde quieren ingresar Telefónica y Claro.
El proyecto que trascendió en estos días habilita un uso compartido de infraestructura, lo que sirve tanto a tirios como troyanos (grandes cableros y telcos) pero difícilmente beneficiará a las pymes y cooperativas que miran el partido desde afuera, preguntándose cómo hacer para que sus contenidos o servicios sean ofrecidos por los caños maestros de las corporaciones.
La letra gruesa de esta radiografía del mercado está escrita en decretos que, 835 días después de su publicación, no logran explicar su necesidad y urgencia. Tampoco aparecen los papeles de la comisión que al cabo de 18 meses se desintegró sin dar noticia del borrador que debía recibir el parlamento. El resto puede buscarse en el interlineado remanente de las leyes 26.522 y 27.078. Al Congreso le están mandando un artefacto explosivo bajo la forma de una “ley corta” para que medien entre Clarín y Telefónica. Lo único  cierto es que ahora existe una galleta normativa de dudosa constitucionalidad que no brinda seguridad jurídica a ninguno de los actores que disputan el mercado de la información y el entretenimiento mientras el ciudadano de a pie se pregunta quien tutela su derecho a la comunicación.
* Docente de Derecho de la Comunicación y la Información (UNDAV-UNM)

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11/04/2018 (3068)        compartir en facebook compartir en twitter compartir en G+ compartir en Whatsapp



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