Saqueos

Saqueos
Por Luis Bruschtein Pagina 12
El gobierno mandó un Presupuesto de hambre al Congreso pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich acusó al kirchnerismo de preparar una especie de “guerrilla de saqueos”. El gobierno sabe que el ajuste brutal que está enunciado en el proyecto de ley gatillará la conflictividad social, porque ése es el verdadero saqueo,  pero acusa de esa conflictividad a la única fuerza que, junto con la izquierda, se ha manifestado abiertamente en contra del presupuesto que encenderá y hará explotar la protesta.

O sea, el kirchnerismo, acusado de conflictivo, sería la fuerza que está tratando de pacificar y el gobierno, que dice que quiere pacificar, está echando kerosene al fuego. Lo mismo pasa con los movimientos sociales. El macrismo adiestró a sus seguidores en el odio a cualquier mecanismo solidario que surja del Estado o la sociedad. Las personas que desfilan con los movimientos sociales son tratadas como vagos que no quieren trabajar  pero si no fuera por esos movimientos, el país ya se hubiera convertido en un gran incendio.
La acusación de Bullrich buscó colocar al kirchnerismo como el principal interlocutor de la oposición. Piensa que de esa forma le resulta más fácil controlar la posible fuga de simpatías hacia su vereda de enfrente. Pero eso fue durante los dos primeros años del macrismo. La crisis trastocó ese cálculo: ahora el que aparezca como oposición más clara, sea el que sea, ganará las simpatías de la mayoría. Con la caída de su imagen, el gobierno cambió de lugar y produjo un reacomodo en el tablero.
La mayoría de los analistas sigue pensando con la lógica de los dos primeros años, pero basta con hacer la cola del colectivo o tomar el Sarmiento en hora pico para darse cuenta de que ya nadie puede defender a este gobierno en voz alta porque inmediatamente le tapan la boca. El imaginario hegemónico invencible, construido con cuadernos de corrupción e imágenes de pobres dándose la gran vida a costa del trabajo de los otros, ya no resiste la catástrofe de los precios altos y los salarios en caída, más la devaluación, más inflación, más desempleo, más caída del consumo, más destrucción de la salud y la educación pública y hasta el fetiche derechista de la inseguridad se les ha dado vuelta.
Es un escenario nuevo del que probablemente todavía no den cuenta las encuestas, pero que habla de un cambio de tendencia en la conciencia de las mayorías. La persistencia de las corporaciones mediáticas del oficialismo en dar por descontado el impacto de las fotocopias profundiza esa confusión. Titulares y más titulares darían la impresión falsa de que la sociedad está pendiente de lo que sucede con esa causa. Es probable que una porción de la sociedad siga aferrada a ese relato, pero es un tema que ya suena como algo viejo porque ni siquiera genera la ilusión de resolver ninguno de los problemas actuales. Y la preocupación de la mayoría es encontrar una salida a esos dilemas creados por el macrismo. El peso de la crisis ha sido tan demoledor que lo demás se volvió viejo y pesa menos.
Sin embargo, esa persistencia pone sobre la mesa el interés de encarcelar a Cristina Kirchner a pesar de la debilidad manifiesta de las pruebas y de las múltiples irregularidades de procedimiento. La causa no puede salir de dichos de dichos y de la aplicación de medidas extremas y polémicas como las prisiones preventivas con la sola acusación, o al dejar en libertad a delincuentes confesos, en virtud de una mala aplicación de una mala ley del arrepentido.
El potencial encarcelamiento de la ex presidenta excede la lógica de la política interna y se empalma con la prisión del ex presidente Lula en Brasil y la persecución contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. La causa contra Correa es tan débil como la que se levantó contra Cristina Kirchner, al punto que Interpol desistió del pedido de captura porque era inconsistente. Hay una intención política detrás del abuso de las normas judiciales. Y esa intención tiene una proyección regional, no solamente local y su punto de origen hay que buscarlo en Washington.
Las vías judiciales para desacreditar liderazgos populares en América Latina y destruirlos aparece como una decisión estratégica de la Casa Blanca después de una década donde su presencia hegemónica representada en la metáfora del patio trasero resultó muy debilitada. Los gobiernos populares que ganaron elecciones en forma democrática en la década pasada, fortalecieron los vínculos regionales y debilitaron, por lo tanto, las dependencias con Washington. Todos esos gobiernos plantearon políticas molestas a la potencia del Norte y no es casual que solamente sus líderes sean los perseguidos por funcionarios judiciales en sus países.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha reemplazado en gran medida a la vieja Escuela de las Américas. Cientos de funcionarios judiciales de la región han desfilado por seminarios y reuniones en Nueva York o Miami donde se discutían los obstáculos que plantean las garantías individuales para perseguir delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico o el terrorismo, como otra suerte de Doctrina de la Seguridad Nacional. Pero las soluciones, las trampas o los atajos para eludir esas garantías esenciales no han sido aplicadas contra el narco o el terrorismo y ni siquiera contra el lavado, sino contra dirigentes políticos que molestaron a Washington.
Estados Unidos pudo disfrutar de una década en los años ‘90 en la que sus aliados locales lograron doblegar a movimientos populares como el peronismo a través del menemismo y al radicalismo con Fernando de la Rua. Cuando creía que era el fin de las ideologías y la muerte de las fuerzas populares, en la década siguiente sufrió el surgimiento de nuevos movimientos o el renacimiento de los que parecían acabados, como el peronismo a través del kirchnerismo. La ola neoliberal conservadora posterior en el Continente dio la sensación de que esos procesos populares habían sido de corto aliento. El escenario estaría demostrando lo contrario.
Pese a las derrotas que sufrieron, resistieron la ofensiva bestial que buscaba su desaparición. En los años que siguen serán un componente esencial de las fuerzas de transformación en cada uno de sus países. Mal que les pese a sus críticos, con sus líderes presos o perseguidos, el PT se mantiene como alternativa a la derecha, lo mismo sucede con el correísmo ante la felonía de Lenin Moreno y, a esta altura, cuando nadie duda que Cristina Kirchner ganaría cualquier interna, es indiscutible que la unidad del peronismo se debe realizar con el kirchnerismo adentro si se aspira a crear una alternativa de poder real frente a la derecha.
En el Congreso, varios de los gobernadores justicialistas, como el cordobés Juan Schiaretti, ya habrían arreglado la aprobación del presupuesto a pesar de la liquidación del fondo sojero. Estos gobernadores consiguieron pichuleando que les restituyeran por única vez la quinta parte de lo que les sacaron y a cambio habrían aceptado votar un ajuste que pone en riesgo desde las jubilaciones hasta la educación y la salud pública, más los salarios y los alimentos. La gobernabilidad como justificación de esta negociación tenía algún sentido al principio del macrismo. Para este ámbito también cambió la lógica. El macrismo dejará un país devastado y los gobernadores quedarán asociados a esa destrucción por los avales que le dieron en el Congreso.
El ajuste hará la situación aún más irrespirable en los sectores populares. En las redes se preguntan, muchos con amargura, la razón de que todavía no se hayan producido asonadas populares como la del 19-20 de diciembre del 2001. El gobierno acusa a la oposición de estar preparándola. Y la oposición le advierte al oficialismo de que se producirá en forma espontánea si aplica el ajuste que reclama el Fondo Monetario Internacional.
Lo real es que si todavía no se produjo es justamente por la experiencia histórica que dejaron aquellas circunstancias. Herramientas solidarias que comenzaron a aplicarse en aquella época, surgieron inmediatamente ahora en función de esa experiencia. Una inmensa red de comedores populares, movimientos de vecinos y ferias del trueque surgió ahora apenas comenzó a sentirse la crisis. Funcionan con mecanismos de solidaridad entre los mismos vecinos, la antítesis de la meritocracia y el individualismo neoliberal. Solidaridad en situaciones de emergencia, que no sustituye el reclamo de fondo de trabajo genuino y salario digno pero que salva de la desesperación a los miles que ya perdieron el trabajo o no llegan a fin de mes.  
Son las paradojas que resquebrajan la pretendida naturalidad del neoliberalismo. La solidaridad surge como única alternativa frente al saqueo neoliberal, frente a la política de supremacía del más fuerte, frente a la justificación del hambre y la miseria que plantea la idea de que en esta sociedad “cada quien debe tener según el esfuerzo que invirtió”. El macrismo enseñó a sus votantes a despreciar a “los vagos que no trabajan y viven de un plan”. Y ahora depende de ese extendido entramado solidario entre los que menos tienen para no repetir la historia del presidente que huyó de la Rosada en el helicóptero presidencial.

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22/09/2018 (3390)