Maniobras Fraudulentas, Telecom/Cablevision no cumplen el DNU 690/20
Maniobras Fraudulentas- Por Gustavo López
Escribo esta nota como ciudadano, abogado, militante político y luchador desde hace más de 30 años por la democratización de los medios. No la escribo en mi rol de vicepresidente del Enacom, porque desde esa función aplico la ley vigente, sin contemplaciones, como deber de funcionario público, sin necesidad de hacer estas reflexiones. También aclaro que las leyes están para ser cumplidas y que cuando una empresa no lo quiere hacer, además de obligarla legalmente, vale una indagación ciudadana. El presidente Alberto Fernández decretó en agosto del año pasado, mediante el DNU 690/20, que el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) es un derecho humano básico y por lo tanto la telefonía celular, la fija, internet y la TV por pago son servicios públicos esenciales en competencia.
Era algo muy esperado y lógico. Si para estudiar, enseñar, trabajar,
acceder a la cultura y al conocimiento, para emitir una receta o para
llenar la planilla del IFE se necesitaba conectividad, el Estado debía
garantizar el acceso equitativo e igualitario, atendiendo a los más
vulnerables.
El DNU refrendado por el Senado de la Nación se
convirtió en ley y a partir de ese momento los precios dejaron de ser de
libre mercado. Por lo tanto, cualquier incremento debía ser autorizado
por el Enacom. También se estableció una Prestación Básica Universal
(PBU) para aquellas personas cuyos ingresos fueran iguales o inferiores a
dos salarios mínimos vitales y móviles, con el objetivo de que nadie
quede afuera de la conectividad por cuestiones económicas. Por ello se
crearon planes especiales, a bajo costo, garantizando el acceso para
todos (una línea de celular a $150 mensuales, por ejemplo).
En
diciembre pasado, a través de las Resoluciones 1466 y 1467, el Enacom
puso en marcha la PBU y autorizó sólo el 5% de aumento para el mes de
enero en los servicios TICs. Algunas empresas, aduciendo que la
resolución era del 18 de diciembre y ya habían emitido las facturas,
cobraron con un aumento superior y no autorizado, aclarando algunas a
sus clientes que iban a devolver los importes correspondientes.
Frente
a estos hechos, desde el Ente emitimos un comunicado a la ciudadanía y
advertimos a las empresas que todos aquellos que habían cobrado algún
servicio con un aumento superior al autorizado debían devolver el
importe en la factura de febrero. Muchas empresas cobraron sólo lo
autorizado, otras van a devolver los importes mal habidos y Cablevisión,
desafiando lo prescripto por la ley, volvió a facturar febrero con un
aumento del 20% a todos sus clientes. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la
especulación? Ahora lo voy a analizar como ciudadano ya que como
director del Ente Regulador estamos tomando las medidas del caso.
Lo
que aquí se pone en juego es la esencia del sistema democrático: quién
gobierna el país, si el sistema democrático o una corporación económica.
Hay
una ley vigente que declaró a estos servicios como servicio público. Se
estableció una prestación básica y se autorizó un 5% de aumento y
además, frente al abuso de Cablevisión por el aumento no autorizado, el
juzgado Civil y Comercial N° 10 de Mar del plata le ordenó a la empresa
que debía devolver los importes cobrados por encima del aumento
autorizado.
¿Por qué Cablevisión volvió a facturar con el 20% de aumento?
Reitero,
como funcionario público se tomarán las medidas legales
correspondientes para hacer cumplir las resoluciones vigentes y aplicar
las sanciones que correspondan a través de un sumario.
Como militante
del tema y abogado conocedor de la política judicial quiero dudar sobre
una posible maniobra económico- judicial que podría perjudicar a
millones de usuarios en beneficio de una sola empresa, salteando a las
instituciones de la Constitución que establecieron la ley vigente.
Desde
la sanción del DNU 690/20, todas las grandes empresas judicializaron el
tema y después de varios meses no obtuvieron el beneficio económico que
buscaban, ya que todo sigue vigente y ningún amparo les fue otorgado.
Sin
embargo, en plena feria judicial, se presentó esta demanda: “TELECOM SA
C/ ENACOM Y OTRO S/ MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA -Expte 12.881/2020-.”
Actualmente tramita por ante el juzgado Contensioso Administrativo
Federal N° 10 a cargo del juez de Feria Edgardo Walter Lara. El juez de
feria sólo tiene el expediente en la segunda quincena de enero y está en
sus manos ratificar la ley vigente, ratificar la PBU, determinar (como
ya se resolvió) que devuelvan el dinero mal cobrado o, como pasó en
otras oportunidades, dejar a millones de personas a merced de los
intereses económicos de una empresa, sin PBU y al aumento antojadizo que
pretendan.
Es una reflexión, una simple especulación de un militante
político que hace sólo 30 años transita estos temas, que sólo hacen a
la calidad de nuestra democracia.
25/01/2021 (5026)
